El periodista Rodolfo Walsh tiene tres fichas personales en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) e integra una nómina de autores con “antecedentes ideológicos desfavorables” por la obra que inaugura el nuevo periodismo: “Operación Masacre”. Del escritor al militante, criptógrafo en Cuba, jefe de inteligencia de Montoneros luego. En plena dictadura militar, desde la clandestinidad, siguió haciendo periodismo hasta el final, hasta su muerte luego de enfrentarse con una patota militar.
A partir de 1973, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) produjo, recolectó y archivó material de Rodolfo Walsh y su labor como escritor, periodista y militante. Hasta el momento de su desaparición hubo un seguimiento focalizado de sus “antecedentes” e investigaciones sobre las agencias, semanarios y diarios donde trabajó o colaboró. Después de su secuestro y muerte, la persecución ideológica sobre el periodista continuó a través de la incorporación de su obra y de su nombre al corpus de producciones culturales que los organismos de inteligencia aconsejaron prohibir.

El 22 de abril de 1985 se realizaba la primera audiencia del juicio a las Juntas Militares, llegaba el tiempo de la justicia. Sobrevivientes, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos habían reclamado, desde la vuelta a la democracia, la condena de los crímenes de lesa humanidad y que sean jueces civiles los que juzgaran estos hechos. En la previa del inicio del juicio, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró un informe que ofrece apreciaciones sobre cómo la sociedad y los distintos actores del litigio esperaban el debate oral y público: un recorrido desde la estrategia militar y el pacto de silencio castrense hasta los intentos de boicot de grupos nacionalistas.

Década del 90. A pocos meses de asumir la presidencia con promesas de salariazo y revolución productiva, Calos Menem sorprende con la designación de sucesivos ministros de economía relacionados con los principales grupos económicos del país: Miguel Ángel Roig, Néstor Mario Rappanelli, Erman González y Domingo Cavallo. La ley de convertibilidad 23.928 aprobada por el Congreso Nacional el 27 de marzo de 1991 -el tristemente recordado “1 a 1” que establecía la paridad del peso convertible con el dólar - marca muy tempranamente el comienzo del fin de la ilusión. Las consecuencias para la industria nacional y para la clase trabajadora resultan impactantes: cierre de fábricas, privatizaciones de las principales empresas del estado (de servicios y de industria pesada: siderúrgicas, astilleros), achiques y reestructuración del sector privado, quiebra de las Pymes. La desocupación que era del 6,3% en 1990, trepa al 14,7 al finalizar la década.
Y si los primeros años estuvieron caracterizados por las movilizaciones, tomas de los lugares de trabajo y pelea de los asalariados por la conservación del empleo, la segunda mitad de la década incorporará al paisaje urbano piquetes y cortes de ruta con el reclamo de quienes quedaron afuera del sistema productivo, los desocupados.
Los documentos fueron agrupados por ejes temáticos: Propulsora Siderúrgica. Contra el cierre de ramales del tren Movimientos de desocupados. Movimiento de desocupados Teresa Rodríguez

Luego del golpe de estado de 1955 que derroca al Gobierno de Juan Domingo Perón e inaugura 18 años de proscripción, la Resistencia Peronista comienza un recorrido que mutará en formas, proclamas, integrantes, organizaciones que incluso comprenderá diferencias en su relación con Perón desde el exilio.
En sus inicios, la Resistencia Peronista supo cobijar a jóvenes de raíces políticas y sociales bien distintas pero teñida metodológicamente por un sesgo genuino e impulsivo. En la voz de muchos que han sufrido cárcel en el marco de la aplicación de la Ley Conintes (Conmoción Interna del Estado) aquellas acciones encaradas por la Resistencia tuvieron como sello la virulencia, la improvisación, la falta de planificación en muchos casos, pero siempre la lealtad y el desafío.
Una de las acciones más renombradas fue el robo del sable corvo del General San Martín del Archivo Histórico Nacional el 12 de agosto de 1963, devuelto días después.
El 19 de agosto de 1965 el sable fue nuevamente sustraído del Archivo Histórico. La caza de brujas pulió sus estrategias: en solo 3 días “millares” de procedimientos se efectuaron en la búsqueda de los responsables y del sable corvo. Convertido en emblema de la nacionalidad -así como de disputa- el sable fue recuperado por segunda vez, recién en junio de 1966.
Hasta el 25 de mayo de este año, fecha en la que es trasladado al Museo Histórico Nacional, el sable se encontraba celosa y blindadamente guardado en una bóveda del regimiento de Granaderos.
Los documentos fueron agrupados alrededor de dos ejes: el robo del sable, y la historia de Manuel Gallardo, uno de los participantes de la acción y ex preso CONINTES.