Coleção -UP - Documentación de las unidades penitenciarias bonaerenses incautada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

La documentación fue producida en su totalidad por las diferentes unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB ) en el marco de sus misiones y funciones –el registro administrativo de las acciones y la salud del preso dentro del SPB; dejar constancia en los libros de la entrada y la salida de personas a la Unidad, registro de los presos castigados, los movimientos de personal penitenciario, etc.- pero la selección y guarda de documentos fue realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en función de sus propias misiones y funciones.
En el año 2006, la Secretaría de Derechos humanos de la provincia de Buenos Aires realiza una serie de allanamientos y secuestros de documentación en las diferentes unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, en un contexto de reapertura de los juicios penales por delitos de lesa humanidad y de reforma del Servicio Penitenciario Bonaerense. Por Ley 13.189/2004 se declara la emergencia penitenciaria y en el año 2005 se elaboró una nueva Estructura Orgánica Funcional del SPB, y entra en vigencia la posibilidad de declarar prescindibles a los agentes penitenciarios.
La incautación de la documentación se produjo entre el 5 y el 22 de mayo de 2006 a las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9. En junio y en noviembre a la U. 1 y 8, en abril de 2007 a la UP4. No participaba de la selección el personal de la unidad penitenciaria. Si bien el agrupamiento documental realizado por la SDH refiere a presos por causas políticas, las características que tuvieron los secuestros explican que también haya legajos, historias clínicas y fichas de personas privadas de su libertad por delitos “comunes”.
La documentación secuestrada no se encontraba oculta sino que formaba parte de los archivos o depósitos de las diferentes unidades penitenciarias.
La incautación de la documentación no fue igual en todas las unidades penitenciarias. En la UP 2 de Sierra Chica, los legajos de presos políticos estaban separados en un mueble con carteles que decían “subversivos” y ordenados alfabéticamente , pero en la mayoría de las UP la documentación referida a presos políticos y comunes se encontraba mezclada de acuerdo al orden general de la documentación. En estos casos se tomaron dos criterios: buscar la documentación correspondiente al período 1976-1983 o separar los legajos – como es el caso de la UP9- que tuvieran algún sello de “Subversivo”, “detenido especial”, “Terrorista”. “judío”, “extranjero”. “Durante toda la noche nos quedamos separando y secuestrando”, relata Carolina Brandana, titular entonces de la Dirección de Protección de Derechos de la SDH. “Separábamos todos los que decían subversivos, detenidos especiales; encontramos también el libro de sancionados; hicimos un acta, y la decisión política del Ministro de Justicia fue que nos lleváramos en custodia esos legajos (…) Nos llevábamos los que tenían determinados delitos, detenidos a disposición del PEN y otras figuras que te permitían identificar que eran de detenidos políticos”. En otras UP no se localizaron legajos ni historias clínicas pero sí otras series documentales del período 76-83 como fichas, libros de registro, órdenes del día, tráficos de radio, etc.
Las primeras acciones sobre la documentación en la SDH fueron las tareas de limpieza y desinfección, el ordenamiento físico de la documentación, la identificación y la descripción.
En el 2018 la documentación fue incorporada al "Registro Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe" de la Unesco.