La colección fue prologada por Hernán Invernizzi. La conforman dos legajos de la Mesa Referencia. Los documentos contienen análisis y calificaciones -que determinan permiso o no de circulación- de publicaciones nacionales e internacionales. Los informes son elaborados por la SIDE en articulación a normativa que habilita la censura en el ámbito de la cultura.

Hippies, melenudos, rockeros, punks, skin heads, metaleros, violentos. ¿Seguidores, tribus, fans, bandas o barras? ¿Cómo visten? ¿Qué drogas consumen? ¿Qué música escuchan? ¿Por qué la escuchan? ¿Cuál es el mensaje oculto de sus letras? ¿Cuál es su relación con la política? ¿Qué peligros encierran las multitudes? Definiciones y preguntas que durante más de 30 años los agentes de la DIPPBA trataron de catalogar y responder. Para eso sacaron fotos, ficharon, espiaron, hicieron informes de inteligencia, filmaron y fundamentalmente vigilaron a la juventud.
Estos documentos que compartimos muestran diferentes momentos en los que la inteligencia se posa sobre los jóvenes con la finalidad de anticiparse a expresiones que puedan atentar contra el orden social y las buenas costumbres. A principios de los setenta será el movimiento hippie el objeto bajo sospecha; luego la mirada estará puesta en el “rock nacional” donde el regreso de Almendra activará dispositivos de información en varios puntos del país. Finalmente, una serie de documentos que pertenecen a la década del noventa cuyo telón de fondo son los casos de represión policial -con la marca del asesinato de Walter Bulacio- y donde la vigilancia a los jóvenes se incrementa y especializa, teniendo por sujeto a “los chicos de las bandas”, expresión que asocian a Patricio Rey y sus Redonditos de ricota.

Década del 90. A pocos meses de asumir la presidencia con promesas de salariazo y revolución productiva, Calos Menem sorprende con la designación de sucesivos ministros de economía relacionados con los principales grupos económicos del país: Miguel Ángel Roig, Néstor Mario Rappanelli, Erman González y Domingo Cavallo. La ley de convertibilidad 23.928 aprobada por el Congreso Nacional el 27 de marzo de 1991 -el tristemente recordado “1 a 1” que establecía la paridad del peso convertible con el dólar - marca muy tempranamente el comienzo del fin de la ilusión. Las consecuencias para la industria nacional y para la clase trabajadora resultan impactantes: cierre de fábricas, privatizaciones de las principales empresas del estado (de servicios y de industria pesada: siderúrgicas, astilleros), achiques y reestructuración del sector privado, quiebra de las Pymes. La desocupación que era del 6,3% en 1990, trepa al 14,7 al finalizar la década.
Y si los primeros años estuvieron caracterizados por las movilizaciones, tomas de los lugares de trabajo y pelea de los asalariados por la conservación del empleo, la segunda mitad de la década incorporará al paisaje urbano piquetes y cortes de ruta con el reclamo de quienes quedaron afuera del sistema productivo, los desocupados.
Los documentos fueron agrupados por ejes temáticos: Propulsora Siderúrgica. Contra el cierre de ramales del tren Movimientos de desocupados. Movimiento de desocupados Teresa Rodríguez

Material bibliográfico secuestrado durante el procedimiento en un domicilio de Capital Federal. Según el informe de la Brigada de investigaciones de zona centro, entre la bibliografía se encuentra: "Biografía de V I Lenin", "Agonía del imperialismo" de Guillén, "El capital" de Marx, "obras completas de V I Lenin", "Martín antimperialista de Emilio Roig de Leuch Senring, "Cuba, cubana y americana" de Aura Fleitas, "El único camino" de Dolores Ibarruri", "el becerro de oro" de Ilya y HE Petrov y "el río oscuro" de Alfredo Varela. La presente fotografía forma parte de una serie más amplia cuyo contexto puede consultar siguiendo este enlace: https://atom.comisionporlamemoria.net/index.php/leg-431

El 22 de abril de 1985 se realizaba la primera audiencia del juicio a las Juntas Militares, llegaba el tiempo de la justicia. Sobrevivientes, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos habían reclamado, desde la vuelta a la democracia, la condena de los crímenes de lesa humanidad y que sean jueces civiles los que juzgaran estos hechos. En la previa del inicio del juicio, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró un informe que ofrece apreciaciones sobre cómo la sociedad y los distintos actores del litigio esperaban el debate oral y público: un recorrido desde la estrategia militar y el pacto de silencio castrense hasta los intentos de boicot de grupos nacionalistas.