Área de identidad
Tipo de entidad
Entidad colectiva
Forma autorizada del nombre
Secretaría de Derechos humanos de la provincia de Buenos Aires
Forma(s) paralela(s) de nombre
Forma(s) normalizada del nombre, de acuerdo a otras reglas
Otra(s) forma(s) de nombre
- Derechos humanos de la provincia
Identificadores para instituciones
Área de descripción
Fechas de existencia
2002-
Historia
La Secretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires tiene como misión diseñar e implementar políticas de Protección y Asistencia a las víctimas de delitos; formular y aplicar políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los Derechos Humanos; diseñar, implementar y desarrollar iniciativas de creación o modificación de normas o programas que tiendan a preservar y garantizar la plena protección de los Derechos Humanos y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia; fortalecer y proteger los derechos de los Pueblos Originarios. Hasta el año 2019 tenia el rango de Secretaría (por decreto 205/2002) y antes de 2002 era una Dirección que dependía del ejecutivo. Entre 2002 y 2019 adquirió una nueva estructura organizativa, en las que se destacaban dos direcciones generales: la Dirección de promoción y protección de derechos humanos, y la Dirección de igualdad de oportunidades. Depende del Ministerio de Justicia y Derechos humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Lugares
La Plata, provincia de Buenos Aires.
Estatuto jurídico
Decreto 95/2019.
Funciones, ocupaciones y actividades
La Dirección de promoción y Protección de derechos humanos -existente como tal entre 2002 y 2019- presentaba entre sus objetivos “trabajar para erradicar las prácticas autoritarias que la dictadura militar dejó en la policía y el Servicio Penitenciario Bonaerense (...) Como desprendimiento de este objetivo general es que preserva, custodia, describe e investiga la documentación que le posibilite llevar a cabo la política institucional” (informe parcial sobre los legajos de los detenidos políticos confeccionado por la SDH en el año 2007).
Mandatos/fuentes de autoridad
Decreto 205/2002