El procedimiento administrativo se desencadena a partir del envío de una carta por parte de Eduardo Crosta o Rosca Galván, encarcelado por estafa, ofreciéndose a brindar información sobre un cadáver mutilado y actividades del Partido Comunista de las que habría sido obligado a participar. El legajo, además de las fotos e informes, contiene también varios croquis con información sobre zonas de correo del Partido en zonas de frontera.