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En el marco de sus objetivos y funciones, en el año 2006 la CPM comenzó a registrar los juicios penales a los responsables de delitos de lesa humanidad perpetrados en el territorio de la provincia de Buenos Aires (Argentina) durante el período de la última dictadura militar (1976-1983). La decisión de registrar estos juicios fue afianzar un concepto amplio del principio de publicidad, promover su difusión y conformar un archivo audiovisual que pueda ser de acceso público.
La CPM se comprometió a partir de entonces a preservar el registro, estimular la consulta para la investigación, la divulgación y la producción audiovisual y garantizar el tratamiento y uso de la información de los testimonios de las víctimas.

Al año 2023 fueron registrados 22 juicios: Etchecolatz (2006); Von Wernich (2007); Unidad 9 (2010); Suárez Nelson Corvalán, (2010); Desaparición de Carlos Moreno (2012); Circuito Camps (2011/2012); Apropiación de Sebastián Casado Tasca (2012); Hermanos Iaccarino (2013); Apropiación de Elena Gallinari Abinet (2013); Policías bonaerenses de Junín (2014/ 2015); FUERTAR 5 (2015); Asesinato de Favero y Álvarez (2016); CNU (2017); La Cacha (2013/2014); Lucio Ramírez (2016); Operativos Policía Federal (2016); La Cueva I Mar del Plata (2011/2012); Brigada de San Justo (2018/2020); Batallón 601 (2019); Banfield, Quilmes y Lanús (2020-2023); Pozo de Arana (2022); Hogar de Belén (2023).

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de La Plata, juzgó por los cargos de privación ilegal de la libertad, homicidio agravado y otros delitos cometidos sobre María Nicasia Rodríguez y Arturo Alejandrino Jaimez, alias “Silver”, además de la privación ilegal de la libertad de una niña de 12 años y la retención y ocultamiento de otros dos niños, de 10 y 1 año y medio de edad, a cinco militares ex integrantes del Batallón de comunicaciones 601 de City Bell.
Los imputados eran Carlos Alberto Bazán, (ex segundo jefe del Batallón de City Bell) Francisco Ángel Fleba, (ex oficial de Inteligencia en la misma unidad) Eduardo Arturo Laciar, (ex oficial de Operaciones), Daniel Eduardo Lucero, (ex jefe de la Compañía B), y Eduardo Enrique Barreiro, (que estaba a cargo de la tercera sección de la misma compañía).
Los hechos juzgados: durante la mañana del 6 de septiembre de 1977 en el barrio Villa España de Berazategui, la Tercera Sección de la Compañía B del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell encabezó, junto a personal de otras fuerzas, un operativo casa por casa que fue resistido por los ocupantes de una finca y que derivó en una balacera. Según los testigos del operativo, la zona había sido patrullada por un helicóptero, lo que anunciaba la inminente acción militar.
Veredicto: condena a prisión perpetua para Carlos Alberto Bazán, Francisco Ángel Fleba, Eduardo Arturo Laciar, y Daniel Eduardo Lucero como coautores de los delitos de homicidio agravado por haber actuado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de María Nicasia Rodríguez y Arturo Alejadrino Jaimez, y privación de la libertad agravada por haber mediado violencia y amenazas y por su duración mayor a un mes e imposición de tormentos agravado por ser la víctima perseguida política en perjuicio de una niña de entonces doce años de edad, en concurso real. Absolvieron al ex subteniente de la Compañía B, Eduardo Enrique Barreiro. Todos los acusados fueron absueltos por el delito de sustracción, retención y ocultamiento de dos menores de edad, por el que el Ministerio Público Fiscal había requerido pena.

El juicio “Brigadas” comenzó en 2020 y abarca los delitos de lesa humanidad cometidos contra 442 víctimas en “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield” y “El Infierno” (Avellaneda), tres centros clandestinos de detención que funcionaron en dependencias de las brigadas de investigaciones de la Policía Bonaerense. Tiene 18 imputados.
Lo tramite el Tribunal Oral Nº1 de La Plata y se convirtió en el primer juicios de la jurisdicción no presencial y aún no ha finalizado.

El juicio investigó los delitos de lesa humanidad acontecidos en el ámbito de la Brigada de Investigaciones de San Justo por 19 imputados sobre 84 víctimas. Ente los casos juzgados, se encontraban los secuestros de María Asunción Artigas, Mónica Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, quienes permanecieron detenidas embarazadas en la Brigada de San Justo y fueron trasladadas al Pozo de Banfield. Allí, María Asunción y Mónica dieron a luz a sus hijas, Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos, restituidas en 1988 y 1987, respectivamente. También se investigaron los hechos en torno al secuestro de María Lavalle, hija de Mónica María Lemos quien, después de ser secuestrada con sus padres, permaneció en la Brigada de San Justo hasta ser entregada días después a unos vecinos, y la permanencia en el lugar de su hermana recién nacida, María José Lavalle Lemos, quien fue entregada en aquella Brigada a quien la inscribió como hija propia, Teresa Isabel González.
Por estos hechos fueron imputados integrantes del Ejército, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros del gobierno civil a cargo de la provincia: Rodolfo Enrique Godoy, responsable del Area 114; Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Carlos María Romero Pavón, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 101; Miguel Osvaldo Etchecolatz, responsable de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Leopoldo Luis Baume y Roberto Armando Félix, a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Justo; Héctor Horacio Carrera, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, el médico Jorge Héctor Vidal y Ricardo Juan García, quienes se desempeñaron en el lugar y participaron directamente en secuestros y torturas. Finalmente, los abogados Jaime Lamont Smart y Juan María Torino facilitaron los recursos desde su desempeño en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó a 16 de los imputados, con penas de prisión perpetua a 10 de ellos penas de 25 años de prisión a seis, mientras que fue absuelto Roberto Armando Félix, quien se encontraba en prisión domiciliaria y se le dispuso la inmediata libertad.