El 22 de abril de 1985 se realizaba la primera audiencia del juicio a las Juntas Militares, llegaba el tiempo de la justicia. Sobrevivientes, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos habían reclamado, desde la vuelta a la democracia, la condena de los crímenes de lesa humanidad y que sean jueces civiles los que juzgaran estos hechos. En la previa del inicio del juicio, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró un informe que ofrece apreciaciones sobre cómo la sociedad y los distintos actores del litigio esperaban el debate oral y público: un recorrido desde la estrategia militar y el pacto de silencio castrense hasta los intentos de boicot de grupos nacionalistas.

El registro de testimonios comenzó en el año 2001 y se continúan tomando en la actualidad. Las personas que testimonian son en su mayoría habitantes de la provincia de Buenos Aires, pero también de la ciudad de Buenos Aires y de otros lugares del país. Las entrevistas varían en su extensión, ya que algunas fueron realizadas para producciones documentales concretas, mientras que otras ya fueron pensadas para formar parte del archivo oral. Estas últimas, tienen estructura de historia de vida.