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El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata juzgó a seis ex policías y a dos civiles por crímenes de lesa humanidad cometidos en el “Hogar de Belén”, donde tres niños sufrieron abusos y vejaciones, y en dos operativos represivos en los que fueron asesinadas seis personas.
Los acusados fueron condenados de la siguiente manera: prisión perpetua el ex ministro de Gobierno bonaerense de facto Jaime Lamont Smart, el ex comisario y jefe del centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”, Juan Miguel Wolk, y los ex policías bonaerenses de la Brigada de Investigaciones de Lanús Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabro, Rubén Carlos Chavez y José Augusto López. La ex secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora Nora Susana Pellicer recibió la pena de 5 años de prisión.

Cada área y programa de la Comisión por la Memoria genera documentos a partir de las distintas actividades que realiza diariamente. Además de los documentos administrativos de cada programa, se generan series documentales sustantivas relacionadas con las funciones centrales de la CPM (registro audiovisual de los juicios por delitos de lesa humanidad y violencia institucional en democracia, registros de historia oral, pronunciamientos de la CPM, entre otros).

El juicio “Brigadas” comenzó en 2020 y abarca los delitos de lesa humanidad cometidos contra 442 víctimas en “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield” y “El Infierno” (Avellaneda), tres centros clandestinos de detención que funcionaron en dependencias de las brigadas de investigaciones de la Policía Bonaerense. Tiene 18 imputados.
Lo tramite el Tribunal Oral Nº1 de La Plata y se convirtió en el primer juicios de la jurisdicción no presencial y aún no ha finalizado.

En el marco de sus objetivos y funciones, en el año 2006 la CPM comenzó a registrar los juicios penales a los responsables de delitos de lesa humanidad perpetrados en el territorio de la provincia de Buenos Aires (Argentina) durante el período de la última dictadura militar (1976-1983). La decisión de registrar estos juicios fue afianzar un concepto amplio del principio de publicidad, promover su difusión y conformar un archivo audiovisual que pueda ser de acceso público.
La CPM se comprometió a partir de entonces a preservar el registro, estimular la consulta para la investigación, la divulgación y la producción audiovisual y garantizar el tratamiento y uso de la información de los testimonios de las víctimas.

Al año 2023 fueron registrados 22 juicios: Etchecolatz (2006); Von Wernich (2007); Unidad 9 (2010); Suárez Nelson Corvalán, (2010); Desaparición de Carlos Moreno (2012); Circuito Camps (2011/2012); Apropiación de Sebastián Casado Tasca (2012); Hermanos Iaccarino (2013); Apropiación de Elena Gallinari Abinet (2013); Policías bonaerenses de Junín (2014/ 2015); FUERTAR 5 (2015); Asesinato de Favero y Álvarez (2016); CNU (2017); La Cacha (2013/2014); Lucio Ramírez (2016); Operativos Policía Federal (2016); La Cueva I Mar del Plata (2011/2012); Brigada de San Justo (2018/2020); Batallón 601 (2019); Banfield, Quilmes y Lanús (2020-2023); Pozo de Arana (2022); Hogar de Belén (2023).

Juicio contra los ex policías bonaerenses Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio Garachico por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 7 personas en el centro clandestino de detención conocido como “Pozo de Arana”. Se investigaron los secuestros y tormentos sufridos por Patricia Dell'Orto, Ambrosio De Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo Cano y Jorge Julio López, y la desaparición forzada de tres de ellos, Dell'Orto, De Marco y Rodas.
Ambos fueron condenados a prisión perpetua.

Producciones audiovisuales de los equipos de trabajo de escuelas e instituciones de la provincia de Buenos Aires, en el marco del Programa Jóvenes y Memoria, que nació en el año 2002. Está dirigido a escuelas y organizaciones sociales, políticas y culturales de la provincia de Buenos Aires y propone a los equipos de trabajo que elaboren un proyecto de investigación acerca de las memorias del pasado reciente o la vulneración de los derechos humanos en democracia. El programa fue declarado de interés educativo provincial por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y de interés educativo nacional por el Ministerio de Educación de la Nación.

El registro de los juicios por violencia institucional - en los que están involucrados agentes policiales y/o del Servicio Penitenciario bonaerense- ha sido tomado de manera irregular por la CPM, ya que muchas veces los tribunales penales no autorizan el registro de los mismos, o sólo en forma parcial. A diferencia del registro de los juicios por delitos de lesa humanidad, sólo algunos por violencia institucional están registrados completos.

El juicio investigó los delitos de lesa humanidad acontecidos en el ámbito de la Brigada de Investigaciones de San Justo por 19 imputados sobre 84 víctimas. Ente los casos juzgados, se encontraban los secuestros de María Asunción Artigas, Mónica Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, quienes permanecieron detenidas embarazadas en la Brigada de San Justo y fueron trasladadas al Pozo de Banfield. Allí, María Asunción y Mónica dieron a luz a sus hijas, Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos, restituidas en 1988 y 1987, respectivamente. También se investigaron los hechos en torno al secuestro de María Lavalle, hija de Mónica María Lemos quien, después de ser secuestrada con sus padres, permaneció en la Brigada de San Justo hasta ser entregada días después a unos vecinos, y la permanencia en el lugar de su hermana recién nacida, María José Lavalle Lemos, quien fue entregada en aquella Brigada a quien la inscribió como hija propia, Teresa Isabel González.
Por estos hechos fueron imputados integrantes del Ejército, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros del gobierno civil a cargo de la provincia: Rodolfo Enrique Godoy, responsable del Area 114; Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Carlos María Romero Pavón, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 101; Miguel Osvaldo Etchecolatz, responsable de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Leopoldo Luis Baume y Roberto Armando Félix, a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Justo; Héctor Horacio Carrera, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, el médico Jorge Héctor Vidal y Ricardo Juan García, quienes se desempeñaron en el lugar y participaron directamente en secuestros y torturas. Finalmente, los abogados Jaime Lamont Smart y Juan María Torino facilitaron los recursos desde su desempeño en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó a 16 de los imputados, con penas de prisión perpetua a 10 de ellos penas de 25 años de prisión a seis, mientras que fue absuelto Roberto Armando Félix, quien se encontraba en prisión domiciliaria y se le dispuso la inmediata libertad.