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La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) espió a la comunidad trans y travesti, y persiguió sus acciones en pleno proceso de conformación de sus organizaciones durante los años ‘90. En esos informes se registraba el alias de la persona investigada, práctica que ya se había llevado a cabo durante la dictadura militar con quienes sufrieron persecución por razones políticas. Para la policía era el nombre de batalla de las personas trans; para ellas era su nombre propio.

El 18 de julio del año 1994 se produjo el mayor atentado terrorista ocurrido en nuestro país: el perpetrado contra la mutual judía de Buenos Aires. Fueron 85 las víctimas fatales y más de 300 los heridos. Desde que la CPM recibió los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), asumió el compromiso de aportar a la justicia toda la documentación que existiera y pudiese resultar de interés para la investigación. Se hicieron entregas a la justicia en 2003 y 2005. Finalmente, en el año 2015, el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental de la UFI AMIA (GERAD) concurrió semanalmente a la sede de la CPM para realizar consultas sobre documentos específicos que sirvan tanto para la investigación del atentado y sus causas conexas, como para contextualizar, desde un punto de vista histórico-político, los hechos que culminaron en el mayor atentado terrorista ocurrido en nuestro país.
En el archivo de la DIPPBA hay dos legajos, con 8 y 13 tomos cada uno, relacionados con el atentado a la mutual judía. Más de 34.000 fojas con información en gran parte de la prensa –escrita, radial y televisiva-, pero también con informes de inteligencia elaborados por la delegación de Capital Federal, que desde el minuto uno del atentado hace un seguimiento y registro de los acontecimientos y del curso de la investigación.
Los documentos de la colección que se presenta pertenecen al primer informe de la Delegación Capital Federal junto a una serie de fotografías que fueron tomadas por un agente del organismo de inteligencia en las inmediaciones del atentado.

María Soledad Morales tenía 17 años y estudiaba en un colegio religioso de Catamarca. El 8 de septiembre de 1990 desapareció y su cuerpo fue encontrado dos días después en un basural a 7 km de la ciudad.
El caso de María Soledad Morales fue emblemático: ese 8 de septiembre fue drogada, violada, asesinada y arrojada en un descampado a la vera de la ruta. Los perpetradores de su crimen eran “hijos del poder”. Lo que vino después fueron innumerables muestras de impunidad: se perdieron pruebas, se presionaron testigos y se intentó encubrir lo sucedido. Sin embargo, la lucha de la familia de la joven, acompañada por toda la sociedad, terminó por resquebrajar el poder despótico que gobernaba la provincia, bajo el mando de la familia Saadi.
La DIPPBA siguió de cerca las movilizaciones surgidas a partir del femicidio de María Soledad.

Hace 28 años se realizaba el VI Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, era el primero que se hacía en Buenos Aires; la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) relevó información sobre la cantidad de participantes, talleres, temas, que reunió en el legajo 254 de la mesa “Factor Social”. Es el único informe que se encuentra en el archivo sobre la vigilancia a los encuentros anuales que se realizan desde 1986; la DIPPBA se disolvió en 1998, antes de que Buenos Aires vuelva a ser sede. Sin embargo, la inteligencia bonaerense registró y vigiló las luchas feministas de esos años, por ejemplo, en aquellas embrionarias marchas de justicia por casos de femicidio.

El 22 de abril de 1985 se realizaba la primera audiencia del juicio a las Juntas Militares, llegaba el tiempo de la justicia. Sobrevivientes, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos habían reclamado, desde la vuelta a la democracia, la condena de los crímenes de lesa humanidad y que sean jueces civiles los que juzgaran estos hechos. En la previa del inicio del juicio, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró un informe que ofrece apreciaciones sobre cómo la sociedad y los distintos actores del litigio esperaban el debate oral y público: un recorrido desde la estrategia militar y el pacto de silencio castrense hasta los intentos de boicot de grupos nacionalistas.

El periodista Rodolfo Walsh tiene tres fichas personales en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) e integra una nómina de autores con “antecedentes ideológicos desfavorables” por la obra que inaugura el nuevo periodismo: “Operación Masacre”. Del escritor al militante, criptógrafo en Cuba, jefe de inteligencia de Montoneros luego. En plena dictadura militar, desde la clandestinidad, siguió haciendo periodismo hasta el final, hasta su muerte luego de enfrentarse con una patota militar.
A partir de 1973, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) produjo, recolectó y archivó material de Rodolfo Walsh y su labor como escritor, periodista y militante. Hasta el momento de su desaparición hubo un seguimiento focalizado de sus “antecedentes” e investigaciones sobre las agencias, semanarios y diarios donde trabajó o colaboró. Después de su secuestro y muerte, la persecución ideológica sobre el periodista continuó a través de la incorporación de su obra y de su nombre al corpus de producciones culturales que los organismos de inteligencia aconsejaron prohibir.

La colección Movilizaciones políticas está destinada a docentes y se pensó para contribuir al abordaje de procesos históricos con las distintas fuentes documentales que posee el archivo de la CPM. Por un lado, se presentan documentos fotográficos, panfletos, volantes, informes de inteligencia, partes, memos, recortes periodísticos y relatos orales, y por el otro, se sugieren actividades o posibles lineamientos didácticos. Está dividido en dos partes, cronológicamente, la primera 1956-1973 y la segunda 1973-1998

La Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA) vigiló, registró y persiguió a ciudadanos y ciudadanas bonaerenses durante más de medio siglo. Cerrada en 1998 luego de una reforma policial, había sido creada en 1956 para espiar a la sociedad en su conjunto y suministrar información sobre las personas, acciones u organizaciones que podían representar un peligro al orden establecido en diferentes momentos históricos.
Organizaciones políticas, gremiales, sociales, culturales, educativas y religiosas fueron minuciosamente relevadas. Bajo la premisa “tener registrados a todos, aún a los buenos, para saber quiénes son cuando dejan de serlo”, registraron las actividades que realizaban y a sus integrantes. Los espiaban, los fotografiaban, hacían informes contando lo que veían; se infiltraban en asambleas, en marchas, y hasta en reuniones privadas. Recopilaban panfletos, volantes y publicaciones fichando a las agrupaciones firmantes, sus consignas, analizando tendencia política, influencia y gravitación. La mirada policial que ejercía persecución político ideológica llegaba a todxs. Les estudiantes y sus ámbitos organizativos y de militancia no fueron la excepción. El factor Estudiantil de la Mesa A contiene un registro de actividades estudiantiles. Releva mayoritariamente la actividad universitaria y de colegios secundarios; en algunos casos, también de escuelas primarias.

La misión y función de registrar

Según el propio material doctrinario de la DIPPBA la División Político Educacional tenía por función mantener actualizada:
la situación de la problemática del área educativa provincial;
sedes y autoridades universitarias, secundarias y primarias;
registros de actividades estudiantiles: asambleas, movilizaciones, panfleteadas, etc;
estudio permanente de las agrupaciones estudiantiles, sus estrategias, alianzas, actividad de dirigentes.

La mirada sobre las organizaciones estudiantiles incluía autoridades universitarias, dirigentes, detección de infiltración de extremistas, plataformas, contactos con un interés explícito por “los aspectos cualitativos y cuantitativos. Según los documentos del material doctrinario todo lo concerniente al ámbito universitario - por razones de importancia y operatividad - se le debía asignar prioridad. Además de archivarse, la inteligencia producida se difundía a la comunidad informativa.
Las organizaciones estudiantiles por su parte, han desplegado históricamente distintas estrategias de propaganda política durante actos y movilizaciones, entre las que se destaca la elaboración de boletines, panfletos, folletos. El episodio conocido como La noche de los lápices, se reproduce en gran parte de los documentos que la DIPPBA recopiló e incorporó en los legajos, junto a los antecedentes de las organizaciones firmantes y minuciosos informes con seguimientos a movilizaciones.
Para acceder a la colección: https://www.comisionporlamemoria.org/project/noche-de-los-lapices/

Los documentos y la información de la colección pertenecen a los siguientes legajos:
CPM, fondo DIPPBA -DCDRyA, Mesa A, Factor Estudiantil, La Plata, Legajo 246. Año 1984-1991.
CPM, fondo DIPPBA -DCDRyA, Mesa A, Factor Estudiantil, Legajo 78. Año 1990-1996.
CPM, fondo DIPPBA -DCDRyA, Mesa Ds, Varios Legajo 35295. Año 1993.
CPM, fondo DIPPBA -DCDRyA, Mesa A, Factor Estudiantil, La Plata, Legajo 138. Año 1994.
CPM, fondo DIPPBA -DCDRyA, Mesa A, Factor Educacional, Legajo 96. Año 1997.
CPM, fondo DIPPBA -DCDRyA, Mesa Doctrina, Legajos 46 s/f y 218 1989-1990.

María Paula Álvarez y Omar Daniel Favero, eran una pareja de militantes de la JUP (Juventud Universitaria Peronista). El 24 de junio de 1977 fueron secuestrados de su departamento de calle 57 entre 12 y 13 y desde entonces están desaparecidos. Causa:
N° FLP91133453/2013/TO1, caratulada “Etchecolatz, Miguel Osvaldo y otros s/ infracción al artículo 144 bis inc. 1º y último párrafo”. El juicio se realizó en la sala del Tribunal Oral Federal (calle 8 entre 50 y 51) a cargo del Tribunal Oral Federal 1, integrado por Germán Castelli, Roberto Lemos Arias y César Álvarez.