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Década del 90. A pocos meses de asumir la presidencia con promesas de salariazo y revolución productiva, Calos Menem sorprende con la designación de sucesivos ministros de economía relacionados con los principales grupos económicos del país: Miguel Ángel Roig, Néstor Mario Rappanelli, Erman González y Domingo Cavallo. La ley de convertibilidad 23.928 aprobada por el Congreso Nacional el 27 de marzo de 1991 -el tristemente recordado “1 a 1” que establecía la paridad del peso convertible con el dólar - marca muy tempranamente el comienzo del fin de la ilusión. Las consecuencias para la industria nacional y para la clase trabajadora resultan impactantes: cierre de fábricas, privatizaciones de las principales empresas del estado (de servicios y de industria pesada: siderúrgicas, astilleros), achiques y reestructuración del sector privado, quiebra de las Pymes. La desocupación que era del 6,3% en 1990, trepa al 14,7 al finalizar la década.
Y si los primeros años estuvieron caracterizados por las movilizaciones, tomas de los lugares de trabajo y pelea de los asalariados por la conservación del empleo, la segunda mitad de la década incorporará al paisaje urbano piquetes y cortes de ruta con el reclamo de quienes quedaron afuera del sistema productivo, los desocupados.
Los documentos fueron agrupados por ejes temáticos: Propulsora Siderúrgica. Contra el cierre de ramales del tren Movimientos de desocupados. Movimiento de desocupados Teresa Rodríguez

El 18 de julio del año 1994 se produjo el mayor atentado terrorista ocurrido en nuestro país: el perpetrado contra la mutual judía de Buenos Aires. Fueron 85 las víctimas fatales y más de 300 los heridos. Desde que la CPM recibió los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), asumió el compromiso de aportar a la justicia toda la documentación que existiera y pudiese resultar de interés para la investigación. Se hicieron entregas a la justicia en 2003 y 2005. Finalmente, en el año 2015, el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental de la UFI AMIA (GERAD) concurrió semanalmente a la sede de la CPM para realizar consultas sobre documentos específicos que sirvan tanto para la investigación del atentado y sus causas conexas, como para contextualizar, desde un punto de vista histórico-político, los hechos que culminaron en el mayor atentado terrorista ocurrido en nuestro país.
En el archivo de la DIPPBA hay dos legajos, con 8 y 13 tomos cada uno, relacionados con el atentado a la mutual judía. Más de 34.000 fojas con información en gran parte de la prensa –escrita, radial y televisiva-, pero también con informes de inteligencia elaborados por la delegación de Capital Federal, que desde el minuto uno del atentado hace un seguimiento y registro de los acontecimientos y del curso de la investigación.
Los documentos de la colección que se presenta pertenecen al primer informe de la Delegación Capital Federal junto a una serie de fotografías que fueron tomadas por un agente del organismo de inteligencia en las inmediaciones del atentado.

María Soledad Morales tenía 17 años y estudiaba en un colegio religioso de Catamarca. El 8 de septiembre de 1990 desapareció y su cuerpo fue encontrado dos días después en un basural a 7 km de la ciudad.
El caso de María Soledad Morales fue emblemático: ese 8 de septiembre fue drogada, violada, asesinada y arrojada en un descampado a la vera de la ruta. Los perpetradores de su crimen eran “hijos del poder”. Lo que vino después fueron innumerables muestras de impunidad: se perdieron pruebas, se presionaron testigos y se intentó encubrir lo sucedido. Sin embargo, la lucha de la familia de la joven, acompañada por toda la sociedad, terminó por resquebrajar el poder despótico que gobernaba la provincia, bajo el mando de la familia Saadi.
La DIPPBA siguió de cerca las movilizaciones surgidas a partir del femicidio de María Soledad.

Hace 28 años se realizaba el VI Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, era el primero que se hacía en Buenos Aires; la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) relevó información sobre la cantidad de participantes, talleres, temas, que reunió en el legajo 254 de la mesa “Factor Social”. Es el único informe que se encuentra en el archivo sobre la vigilancia a los encuentros anuales que se realizan desde 1986; la DIPPBA se disolvió en 1998, antes de que Buenos Aires vuelva a ser sede. Sin embargo, la inteligencia bonaerense registró y vigiló las luchas feministas de esos años, por ejemplo, en aquellas embrionarias marchas de justicia por casos de femicidio.

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) espió a la comunidad trans y travesti, y persiguió sus acciones en pleno proceso de conformación de sus organizaciones durante los años ‘90. En esos informes se registraba el alias de la persona investigada, práctica que ya se había llevado a cabo durante la dictadura militar con quienes sufrieron persecución por razones políticas. Para la policía era el nombre de batalla de las personas trans; para ellas era su nombre propio.