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El legajo inicial está fechado el 13 de enero de 1998 e informa sobre la concentración en la puerta de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) en repudio al anuncio presidencial de demoler el edificio y construir un monumento a la “Unidad Nacional”. Allí se menciona la participación de diversas agrupaciones políticas acompañando el reclamo de las Madres de Plaza de Mayo.
En las fojas siguientes se observan varios recortes periodísticos (con notas e imágenes) que recuperan las concentraciones en la puerta de la ESMA. Allí se destacan las controversias que trajo la decisión de su demolición a través de por ejemplo, la opinión del gobernador de Buenos Aires, con los carteles que portaban las madres en la movilización, como también las opiniones de represores que durante la última dictadura cívico-militar estuvieron en la ESMA.
Además, en los informes que siguen vemos la discusión que generó el tratamiento de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida, como así también la propuesta de mudar la ESMA a Puerto Belgrano, ubicado en la localidad de Bahía Blanca. Tal como se observa en los recortes periodísticos, dicha propuesta generó grandes revuelos, es por eso que las integrantes de la agrupación Madres de Plaza de Mayo (junto a varias organizaciones políticas) participaron activamente de las iniciativas que buscaban frenar la mudanza. Realizaron visitas, hicieron informes y se llevó la causa a la Justicia.

Fichas correspondientes a la organización de la Mesa Doctrina previa a la renumeración de los años 1997 y 1998.

Cuatro jóvenes que estaban detenidos en la Comisaría Primera de Quilmes murieron calcinados por un incendio que se produjo el 20 de octubre de 2004 y en el que no fueron asistidos por el personal policial. En el lugar había 17 jóvenes detenidos, todos menores de 18 años. Hacía más de un mes que estaban presos y tenían marcas de golpes y patadas. Ese día, después de una requisa violenta, los jóvenes pusieron los colchones en la puerta de las celdas y los incendiaron a modo de protesta por los malos tratos de los que eran víctimas. Cuatro de ellos murieron por el fuego.
Fechas extremas del registro: 12/08/15 -19/10/15.
Víctimas: Diego Maldonado, Manuel Figueroa, Elías Giménez y Miguel Aranda.
Imputados: Gustavo Altamirano, Jorge Gómez, Franco Góngora, Elizabeth Grosso y Basilio Vujovich por apremios ilegales. Fernando Pedreira, Humberto Ávila, Juan Carlos Guzmán y Hugo D’ Elía imputados por apremios ilegales reiterados en concurso real con tormentos, todos funcionarios de la policía bonaerense. Ex comisario Juan Pedro Soria imputado por estrago culposo seguido de muerte y de omisión de evitar tormentos.
Sentencia: Oficial inspector Fernando Pedreira, 19 años de prisión por "apremios ilegales reiterados en concurso real con tormentos"; Comisario Juan Pedro Soria (jefe de la seccional 1a de Quilmes) a 10 años por "estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar tormentos"; cabo Hugo D'Elía, 10 años, y agente Juan Carlos Guzmán, 9 años por "apremios ilegales".
Soria, Pedreira, D'Elía y Guzmán, se estableció la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y la inmediata detención. El subcomisario Basilio Vujovich 4 años de prisión; oficiales inspectores Jorge Gómez y Humberto Ávila, 3 años; Gustavo Altamirano y Franco Góngora 3 años y cuatro meses; y Elizabeth Grosso, 3 años y medio, todos por el delito de "apremios ilegales".

Un incendio en el pabellón 16 de la Unidad penal 28 de Magdalena el domingo 15 de octubre de 2005 acabó con la vida de 33 detenidos. Las personas quedaron encerradas con el incendio ya iniciado. Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes tuvieron que esperar diez años para que la causa llegue a juicio oral. En la causa había 17 funcionarios y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense acusados, algunos por abandono de persona seguido de muerte y otros por homicidio culposo agravado.
Fecha del juicio: agosto 2017 / marzo 2018
Víctimas: 33 internos de la Unidad Penal 28 de Magdalena fallecidos: César Javier Magallanes Verón, Ariel Cayetano Daniel Mola Silva, Eduardo Ignacio Díaz, Jorge Javier Martín Vera Melgarejo, Pablo Ezequiel Farías Carabajal, Diego Martín del Valle González, Víctor Enrique Franco Rojas, Néstor Javier López Demuth, Cristian Leonardo Rey González, Omar Abel Pereyra Allión, Rubén Gerardo Merlo Sagués, Jorge Omar Mendoza Abdala, Rubén Darío Ayala Freijo, Agustín Sebastián Ávila Portillo, Abraham Eber Mosqueda Lecler, Roberto Alejandro Cohelo Fernández, Juan Ariel Campos Barretto, Marcos Elio Granados Baldovino, Lucas Hernán Granados Baldovino, Luis Pablo Medrano Rocha, Cristian Adrián Articaglia Cejas, Juan Carlos Tubio Sagratella, Darío Bernabé Puccio Camaño, Lucas Daniel Vallejos, José Ángel Gamarra Mujica, Eduardo Guillermo Maglioni Farías, David Ángel Perosa González, Andrés Gonzalo Gorris Martínez, Cristian Julio Javier Cáceres Fernández, Luis Alberto Torres Pacheco, Ariel Gustavo Cuevas Martínez, Nicolás Augusto Ferreyra Rodríguez y Carlos Alberto Olivera Torres.
Sobrevivientes: Juan Domingo Blanco Recalde y Ángel Eduardo Quintana Ramírez fueron los dos únicos que pudieron salir vivos. Resultaron con lesiones en sus cuerpos.
Imputados: Cristian Alberto Núñez, Carlos Augusto Bustos, Mauricio Alejandro Giannobile, Jorge Luis Martí, Gualberto Darío Molina, Maximiliano Morcella, Gonzalo Rafael Pérez, María del Rosario Roma, Juan César Romano, Marcos David Sánchez, Juan Emiliano Santamaría, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Eduardo Gabriel Villarreal y Juan Eduardo Zaccheo, Daniel Oscar Tejeda, Raimundo Fernández y Juan Eduardo Zaccheo.
Sentencia:
Absolución a 14 de los 17 imputados: Cristian Alberto Núñez, Carlos Augusto Bustos, Mauricio Alejandro Giannobile, Jorge Luis Marti, Gualberto Darío Molina, Maximilano Morcella, Gonzalo Rafael Pérez, María del Rosario Roma, Juan César Romano, Marcos David Sánchez, Juan Emiliano Santamaría, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Eduardo Gabriel Villarreal y Juan Eduardo Zaccheo.
Daniel Oscar Tejeda (ex director del penal) condenado a pena de 5 años de prisión por el delito de estrago culposo.
Raimundo Fernández, (secretario de la unidad), condenado a 25 años de prisión por considerarlo penalmente responsable de los delitos de homicidio simple y tentativa de homicidio simple cometidos con dolo eventual contra los 33 detenidos que murieron esa noche.
Agente Rubén Alejandro Montes de Oca (encargado de la apertura y el cierre de las puertas) fue condenado a 10 años de prisión, por abandono de persona seguido de muerte.