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Manuel Félix Gallardo nació en General Pinto en 1935. En su juventud formó parte de la Resistencia Peronista y sufrió varias cárceles; muchas de ellas con denuncias de torturas.
Si la Resistencia se nutrió de diversas acciones y proclamas, uno de los operativos más resonantes en su momento fue el robo del sable corvo del General San Martín. Manuel describe la acción como torpe, pero señala que los motivos fueron claramente políticos. Requerían, entre otras cosas, la devolución del cadáver de Evita, la aparición del cuerpo de Felipe Vallese y justicia con los responsables, liberación de los presos políticos y obviamente el retorno del General.
A Gallardo lo detienen por su responsabilidad en el robo del sable efectuado en 1963, y vuelven a encarcelarlo en 1966 pese a que no tuvo responsabilidad en ese hecho. Un dato relevante a destacar es que los detenidos denunciaron torturas que trascendieron en los medios de comunicación y lograron ser trasladados a otra unidad gracias en parte a la mediación de COFADE (comisión por familiares de detenidos).
(La CPM está autorizada por Manuel Gallardo para difundir su testimonio brindado para el Archivo Oral y el documento del fondo DIPPBA)

El golpe militar de 1955 inauguró un largo período de proscripción y persecución para el movimiento peronista. La mal llamada “Revolución Libertadora” promulgó una serie de decretos que determinaron la disolución del Partido Justicialista. La persecución se patentizó en otras medidas: la inhabilitación para ocupar cargos públicos a quienes hubieran ejercido alguna forma de representación política y gremial y la prohibición de los símbolos partidarios.
Quedó inaugurado así un régimen político que durante 18 años sostuvo la proscripción del peronismo y la imposibilidad de que participe en elecciones. Desterrado de la arena política, el movimiento peronista por su parte ensayó diversas estrategias para denunciar el carácter ilegítimo de los comicios y reclamar el retorno al país de Juan Domingo Perón. El “luche y vuelve” finalmente se vio concretado en 1973, cuando el peronismo logró presentarse libremente a elecciones, después de pocos meses de primavera camporista.
El material que presentamos en esta entrega da cuenta de una de esas estrategias de repudio: el voto en blanco. Rondando el 20% en muchas de las elecciones logró acercarse o superar a veces, a muchos de los “candidatos” de la oposición que, aun ganando, quedaban deslegitimados frente a la estrategia peronista.

El año 1972 estaba llegando a su fin y con él se terminaban también las aspiraciones políticas del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse. Su intento de erigirse como el candidato que representase a todas las fuerzas políticas fracasaría junto al GAN (Gran acuerdo Nacional). Nuevamente el escenario político que se estaba gestando, se encontraba atravesado por cómo debía resolverse la proscripción del Peronismo. La salida “acordada” consistió en que ni Lanusse ni Perón pudieran presentarse a las elecciones previstas para el 11 de Marzo de 1973.
En ese contexto mientras se conformaban las candidaturas, el Congreso Nacional de la Juventud Peronista de Santa Fe confecciona un afiche de la “Lista 22 de agosto” tomando como emblema la fecha de los fusilamientos de los presos de Trelew. La nómina de electores se conformó con los nombres de presos políticos alojados en las diferentes unidades penitenciarias del país. Un dato impactante: a pesar de que todos fueron liberados el 25 de mayo de 1973 el mismo día de la asunción de Héctor Cámpora, casi la mitad de ellos fueron desaparecidos o asesinados durante la última dictadura militar.
Este afiche llega al archivo de la DIPBBA desde la localidad de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. El legajo se inicia con una consulta que le hace el Partido Justicialista al Intendente Teniente Jorge Brussa sobre la posibilidad de exhibir este afiche en la vía pública de esa localidad. El intendente deriva la consulta a la Delegación de la DIPBBA Bahía Blanca que a su vez la deriva a la Central de Inteligencia. Como era previsible la respuesta fue negativa.

San Andrés de Giles, 21 de enero de 1973. Agentes de la DIPPBA siguen los pasos de la campaña presidencial de la fórmula Cámpora-Solano Lima y registra. Saca fotos. Caras fervorosas que se funden con el resurgir público del escudo del partido justicialista; gente grande, chicos, mujeres, militantes. La imagen de Evita, de Perón, de las manos en V. Según los cálculos de la inteligencia policial más de 15 mil personas festejan escuchando por los altoparlantes las palabras del general; entonan el himno y cantan a viva voz la marcha Peronista; gritan las consignas “si Evita viviera sería montonera” y “ya van a caer los culpables de las muertes de Trelew”.
Habían pasado 18 largos años de proscripción del partido peronista. Las elecciones del 11 de marzo de 1973 con Cámpora como candidato a presidente por el Frente Justicialista de Liberación nacional (FREJULI) abría la transición para un nuevo llamado a elecciones con la presentación del Partido Justicialista y su máximo líder como candidato.
La fórmula Cámpora-Solano Lima se impuso con más del 49.5% y el contrincante radical Ricardo Balbín reconoció el triunfo retirándose del ballotage.
Quedaba así abierta la puerta para el retorno de Juan Domingo Perón.

“¿Dónde y cuándo votarán los detenidos-desaparecidos?”
Los organismos de derechos humanos que se gestaron poco antes o durante la última dictadura militar, hacia el final del período habían logrado una fuerte presencia pública en el país y habían cosechado prestigio más allá de las fronteras. Con fuerte apoyo internacional, un premio Nobel a cuestas, notoria visibilidad pública y creciente apoyo social, emprendían acciones de mayor envergadura y peso político.
La transición democrática que ya se anunciaba, comienza a efectivizarse en el acto eleccionario del 30 de octubre de 1983. Una solicitada titulada: “¿Dónde y cuándo votarán los detenidos-desaparecidos?” sale publicada en el diario Clarín el 25 de octubre.
La solicitada contiene más de 6000 mil nombres con sus edades, números de documentos y fecha de desaparición. También incluye nombres con datos incompletos, distingue a extranjeros, adolescentes y niños secuestrados o nacidos durante el cautiverio de sus madres.
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; el Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia para América Latina fueron quienes elaboraron la solicitada bajo el título: “dónde y cuándo votarán los detenidos-desaparecidos”.
El mismo 30 de octubre una integrante de Madres de Plaza de Mayo concurrió a una escuela de la ciudad de La Plata a presentar un recurso de habeas corpus en favor de su hija desaparecida. Exigía también que le dieran un certificado en el que dijera que por tal motivo no podía ejercer su derecho a voto. Ese episodio se enmarca en el llamado que la Asociación hizo a todos los familiares; el lema era concurrir a las mesas en la que los detenidos-desaparecidos debían votar, y presentar documentación que justificara las ausencias. El comunicado emitido por Madres, también expresaba que la presentación debía quedar asentada en el acta electoral.

La vigilancia dispuesta por la DIPPBA sobre los trabajadores de la empresa Propulsora Siderúrgica se evidencia en las casi 800 fojas de documentación reunidas en diferentes legajos que permiten un recorrido histórico que va desde el año 1969 hasta 1994. Localizada en Ensenada, la empresa del grupo Techint fue, junto a SOMISA, una de las principales siderúrgicas dedicadas a la producción de acero plano. Llegó a emplear alrededor de 1500 trabajadores, la mayoría oriundos de la región.
En el marco de las políticas económicas implementadas por Carlos Menem, la empresa encaró un proceso de reestructuración productiva que buscó al mismo tiempo aumentar la productividad y disminuir los costos de producción, fundamentalmente a través de mecanismos de flexibilización laboral. Estas medias repercutieron negativamente sobre el salario y la estabilidad del empleo y por lo tanto fueron resistidas por los trabajadores, tal como se evidencia en la selección documental que presentamos.

De la mano de Roberto Dromi, Ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem, en 1990 se inició un acelerado y ambicioso proceso de privatización de empresas estatales.
La licitación de ENTEL en noviembre de 1990 inauguró un recorrido que siguieron otras: Aerolíneas, SEGBA, YPF y ferrocarriles son algunas de las empresas que por esos años pasaron del Estado a manos privadas.
En el caso puntual de la privatización de la red ferroviaria, el proceso se inició con la separación del trasporte de carga del de pasajeros. La red fue segmentada y ofrecida en concesiones a largo plazo. Los ramales que no resultaban rentables a los intereses de las empresas adjudicatarias fueron cerrados. Esto generó un amplio movimiento de resistencia por parte de los trabajadores y de la población en general, que veía cómo cientos de pueblos quedaban aislados ante la desaparición del tren.
La DIPPBA siguió de cerca estas manifestaciones.

En los últimos años de existencia de la DIPPBA (fue disuelta en 1998), se produjeron numerosos documentos que dan cuenta de la organización y movilización de agrupaciones de piqueteros y desocupados, que marcaron el ritmo de la protesta social a partir de la segunda mitad de la década.
El interés de los organismos de inteligencia por estas organizaciones sociales de fuerte anclaje territorial, reactivó los circuitos de comunicación entre aquellos del orden nacional y los provinciales, tal como se pone de manifiesto en el informe que compartimos.

El movimiento de trabajadores desocupados Teresa Rodríguez fue una de las primeras organizaciones que surgieron en la segunda mitad de la década del 90, y tuvieron actuación en todo el territorio nacional. Surgió a fines de abril de 1997. Un corte de ruta que realizaron en noviembre de ese mismo año fue minuciosamente fotografiado por la policía bonaerense. Las 37 fotografías están en un sobre con membrete de la Policía, y registra sólo la fecha: 24 de noviembre de 1997 y procedencia “La Matanza”.
Este material no forma parte de un legajo. Es probable que al tratarse de información producida en una fecha cercana a la disolución de la DIPPBA (1998), los documentos fotográficos estuvieran en proceso de análisis y por lo tanto no estaban integrados a la sección Documentación, Registro y Archivo. El sobre y las fotos en su interior no están acompañados de un documento escrito que explique el hecho registrado, pero sí da cuenta del seguimiento a las organizaciones de desocupados.
CPM -Fondo DIPPBA. Material sin mesa asignada, Asunto: Placas fotográficas MTD Teresa Rodríguez corte de ruta. Noviembre ppdo.

La DIPPBA registra minuciosamente los sucesos de Trelew desde los días previos a la fuga del penal de Rawson hasta la víspera del segundo aniversario de los fusilamientos. Conforman los 5 tomos del legajo Nº 383 de la Mesa Delincuente Subversivo D“(s)” más de 1500 fojas entre memos, informes de inteligencia, recortes de prensa, volantes, panfletos.

El Legajo Nº 383 de la Mesa Ds inicia con una notificación del Servicio de Inteligencia de la Armada del 26 de julio de 1972 advirtiendo a la Comunidad Informativa sobre el posible asalto al penal de Rawson por parte de “elementos terroristas” procedentes de Córdoba y que se estarían agrupando en la zona de Carmen de Patagones, San Antonio Oeste y Comodoro Rivadavia. A partir de esa advertencia se despliega por parte de la DIPPBA y de toda la Comunidad informativa un trabajo de inteligencia que no arroja resultados. La Unidad Regional de Bahía Blanca por ejemplo, el 28 de julio de 1972 procedió a realizar averiguaciones “arrojando resultados negativos”. Se reitera el teletipo en varias oportunidades con carácter de “suma urgencia”.

El parte 1778 proveniente de Seguridad Federal fechado el 15 de agosto a las 23 hs alerta a la Comunidad Informativa sobre la fuga. A partir de ese momento de desata una febril actividad de vigilancia y persecución. Muestra de ello son: controles en las rutas, requisa de autos, secuestro de armas; seguimiento a familiares de las víctimas, periodistas, al equipo de profesionales involucrados en la situación legal de los y las detenidas, a representantes de partidos políticos que se dirigen a Trelew, a vecines de la ciudad de Rawson; control de vuelos y nómina de pasajeros.

La incesante actividad se agudiza una vez ocurridos los fusilamientos. Por un lado es frenético el registro de las expresiones de repudio y las posteriores versiones de los hechos que contradecían lo que la marina pretendía instalar. Por el otro se despliegan acciones de inteligencia tendientes a registrar los homenajes que respecto de la masacre realizan distintos sectores de la sociedad en el transcurso del tiempo. Y finalmente merece una mención especial el seguimiento sistemático a los familiares de las víctimas que concurren el Hospital de la Base Naval de Puerto Belgrano lugar al que eran derivados los/las heridas: registro escrito y fotográfico de arreglos funerarios, de chapas patentes e infiltración para dar cuenta de conversaciones telefónicas, asistentes y declaraciones que pudiesen efectuarse.

Parte de los documentos que conforman el fondo documental de la DIPPBA son aquellos producidos por la sociedad vigilada. En ese sentido la DIPPBA registró con gran recelo toda actividad panfletaria en repudio a la “masacre de Trelew”. Decenas de volantes y panfletos - impresos en mimeógrafos o imprentas, elaborados a mano alzada; con marcas de pisadas por haber sido levantado de la vía pública; rasgados por haber sido arrancados de las paredes; o con rastros de dispositivo lanza panfletos- se encuentran conservados en este legajo.