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Antecedentes de Antonia Gutiérrez García a partir de una carta que envía a la División de orden público, denunciando acoso. Por falta de respuesta de la División, Gutiérrez envía una segunda carta y la invitación a la misa de campaña por la muerte de su madre.

El procedimiento administrativo que desencadena el legajo es la detención de dos personas mientras realizaban pintadas en favor del Partido Comunista. A partir de eso, se producen distintas indagaciones y se adjunta un par de cuestionarios completados por los detenidos.

El procedimiento administrativo que desencadena la investigación es la carta de renuncia de Virgilio Velázquez a su cargo de presidente del Concejo Deliberante de Tigre. El legajo continúa con información producida por la agencia que revela una denuncia por presunto contrabando en referencia al uso de un avión con fines extra legales.

El expediente inicia con un informe ambiental de Beroch que data de mayo de 1965. En 1976, la Secretaría de Inteligencia solicita sus antecedentes generales e ideológicos. El investigado era dirigente de la agrupación nacionalista Tacuara.

El legajo recoge dos artículos periodísticos relacionados con la detención de Roberto Bertón a raíz de un asalto. A partir de su captura, se conoce la información de que había pertenecido a un grupo guerrillero de la provincia de Salta.

El procedimiento administrativo lo inicia la División San Nicolás al solicitarle a SIPBA antecedentes de Alfredo Omar Busch, trabajador de una siderúrgica. El objetivo final era detectar si funcionaba como correo comunista entre Argentina y organizaciones de Brasil. Finalmente no hallaron pruebas de sus presuntas actividades, sino que solamente lo sindicaron como cuadro intelectual.

El legajo inicia con un pedido de antecedentes a la SIPBA sobre Arnon Wolcoff Brillante, de quien se conoce su afiliación al partido comunista y su actividad como radioaficionado. Al investigar su actividad no encuentran datos sobre una militancia orgánica; sin embargo, toman conocimiento de sus cargos en distintas entidades de bien público (vinculadas a la escolaridad y las sociedades de fomento) y el de Director Propietario del periódico "Oeste Argentino", que también son investigadas.

El procedimiento administrativo se desencadena a partir del envío de una carta por parte de Eduardo Crosta o Rosca Galván, encarcelado por estafa, ofreciéndose a brindar información sobre un cadáver mutilado y actividades del Partido Comunista de las que habría sido obligado a participar. El legajo, además de las fotos e informes, contiene también varios croquis con información sobre zonas de correo del Partido en zonas de frontera.