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Década del 90. A pocos meses de asumir la presidencia con promesas de salariazo y revolución productiva, Calos Menem sorprende con la designación de sucesivos ministros de economía relacionados con los principales grupos económicos del país: Miguel Ángel Roig, Néstor Mario Rappanelli, Erman González y Domingo Cavallo. La ley de convertibilidad 23.928 aprobada por el Congreso Nacional el 27 de marzo de 1991 -el tristemente recordado “1 a 1” que establecía la paridad del peso convertible con el dólar - marca muy tempranamente el comienzo del fin de la ilusión. Las consecuencias para la industria nacional y para la clase trabajadora resultan impactantes: cierre de fábricas, privatizaciones de las principales empresas del estado (de servicios y de industria pesada: siderúrgicas, astilleros), achiques y reestructuración del sector privado, quiebra de las Pymes. La desocupación que era del 6,3% en 1990, trepa al 14,7 al finalizar la década.
Y si los primeros años estuvieron caracterizados por las movilizaciones, tomas de los lugares de trabajo y pelea de los asalariados por la conservación del empleo, la segunda mitad de la década incorporará al paisaje urbano piquetes y cortes de ruta con el reclamo de quienes quedaron afuera del sistema productivo, los desocupados.
Los documentos fueron agrupados por ejes temáticos: Propulsora Siderúrgica. Contra el cierre de ramales del tren Movimientos de desocupados. Movimiento de desocupados Teresa Rodríguez

El 6 de septiembre de 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante 14 días visitó cuarteles y centros de detención, hizo entrevistas y recibió miles de denuncias que permitieron documentar la tortura y la desaparición forzada de personas. El informe final, que llegó al país en mayo de 1980, constató la ferocidad de la violencia del Estado y marcó el comienzo del fin de la última dictadura militar en nuestro país. Al cumplirse 40 años de la histórica visita, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó un informe especial que reúne documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), Prefectura Naval Zona Atlántico Norte y Unidades Penitenciarias que revelan el espionaje de los servicios de inteligencia sobre la visita internacional.

La escuela no escapó a la dinámica represiva que las Fuerzas Armadas instalaron en nuestro país entre 1976 y 1983. Por ser un espacio de producción de conocimientos y circulación de saberes, era considerada un ámbito de potencial amenaza y, al mismo tiempo, un dispositivo de disciplinamiento social que debía ser observado y vigilado. La colección reúne documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), sobre la persecución y espionaje a la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires durante el terrorismo de Estado.

La movilización de los trabajadores el 17 de octubre de 1945 pidiendo la liberación del Coronel Juan Domingo Perón se constituyó en un hito de la historia política argentina. A lo largo de los años, aquel día fundacional del peronismo se convirtió en un ritual popular para recordar y celebrar el encuentro con Perón.
La colección presenta una serie de documentos del archivo de la DIPPBA sobre las acciones de inteligencia desplegadas entre 1965 y 1995 para el control y vigilancia de los actos, movilizaciones y festejos conmemorativos del 17 de octubre en la provincia de Buenos Aires. A través de estos documentos es posible reconstruir la mirada de la DIPPBA sobre el movimiento e identificar los actores, proclamas, características y significados que tuvo esta fecha en la historia nacional y cómo su sentido originario se fue enlazando con los avatares y los intereses políticos de cada momento.

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) espió a la comunidad trans y travesti, y persiguió sus acciones en pleno proceso de conformación de sus organizaciones durante los años ‘90. En esos informes se registraba el alias de la persona investigada, práctica que ya se había llevado a cabo durante la dictadura militar con quienes sufrieron persecución por razones políticas. Para la policía era el nombre de batalla de las personas trans; para ellas era su nombre propio.

En 1963 el periodista Jorge Ricardo Masetti se instala en las selvas salteñas, conocido como Comandante Segundo. El Ejército Guerrillero del Pueblo fue desmantelado en poco más de un año. En los primeros meses de 1964, los ataques de Gendarmería Nacional sobre los campamentos rebeldes y las detenciones de muchos de sus integrantes aceleran el final; el 21 de abril será históricamente considerado el día de la desaparición de Masetti, su cuerpo nunca aparece. Había nacido el 31 de mayo de 1929. Esta colección fue hecha a 55 años de su desaparición.

El 18 de julio del año 1994 se produjo el mayor atentado terrorista ocurrido en nuestro país: el perpetrado contra la mutual judía de Buenos Aires. Fueron 85 las víctimas fatales y más de 300 los heridos. Desde que la CPM recibió los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), asumió el compromiso de aportar a la justicia toda la documentación que existiera y pudiese resultar de interés para la investigación. Se hicieron entregas a la justicia en 2003 y 2005. Finalmente, en el año 2015, el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental de la UFI AMIA (GERAD) concurrió semanalmente a la sede de la CPM para realizar consultas sobre documentos específicos que sirvan tanto para la investigación del atentado y sus causas conexas, como para contextualizar, desde un punto de vista histórico-político, los hechos que culminaron en el mayor atentado terrorista ocurrido en nuestro país.
En el archivo de la DIPPBA hay dos legajos, con 8 y 13 tomos cada uno, relacionados con el atentado a la mutual judía. Más de 34.000 fojas con información en gran parte de la prensa –escrita, radial y televisiva-, pero también con informes de inteligencia elaborados por la delegación de Capital Federal, que desde el minuto uno del atentado hace un seguimiento y registro de los acontecimientos y del curso de la investigación.
Los documentos de la colección que se presenta pertenecen al primer informe de la Delegación Capital Federal junto a una serie de fotografías que fueron tomadas por un agente del organismo de inteligencia en las inmediaciones del atentado.

María Soledad Morales tenía 17 años y estudiaba en un colegio religioso de Catamarca. El 8 de septiembre de 1990 desapareció y su cuerpo fue encontrado dos días después en un basural a 7 km de la ciudad.
El caso de María Soledad Morales fue emblemático: ese 8 de septiembre fue drogada, violada, asesinada y arrojada en un descampado a la vera de la ruta. Los perpetradores de su crimen eran “hijos del poder”. Lo que vino después fueron innumerables muestras de impunidad: se perdieron pruebas, se presionaron testigos y se intentó encubrir lo sucedido. Sin embargo, la lucha de la familia de la joven, acompañada por toda la sociedad, terminó por resquebrajar el poder despótico que gobernaba la provincia, bajo el mando de la familia Saadi.
La DIPPBA siguió de cerca las movilizaciones surgidas a partir del femicidio de María Soledad.

Hace 28 años se realizaba el VI Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, era el primero que se hacía en Buenos Aires; la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) relevó información sobre la cantidad de participantes, talleres, temas, que reunió en el legajo 254 de la mesa “Factor Social”. Es el único informe que se encuentra en el archivo sobre la vigilancia a los encuentros anuales que se realizan desde 1986; la DIPPBA se disolvió en 1998, antes de que Buenos Aires vuelva a ser sede. Sin embargo, la inteligencia bonaerense registró y vigiló las luchas feministas de esos años, por ejemplo, en aquellas embrionarias marchas de justicia por casos de femicidio.

El 22 de abril de 1985 se realizaba la primera audiencia del juicio a las Juntas Militares, llegaba el tiempo de la justicia. Sobrevivientes, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos habían reclamado, desde la vuelta a la democracia, la condena de los crímenes de lesa humanidad y que sean jueces civiles los que juzgaran estos hechos. En la previa del inicio del juicio, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró un informe que ofrece apreciaciones sobre cómo la sociedad y los distintos actores del litigio esperaban el debate oral y público: un recorrido desde la estrategia militar y el pacto de silencio castrense hasta los intentos de boicot de grupos nacionalistas.