El 22 de abril de 1985 se realizaba la primera audiencia del juicio a las Juntas Militares, llegaba el tiempo de la justicia. Sobrevivientes, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos habían reclamado, desde la vuelta a la democracia, la condena de los crímenes de lesa humanidad y que sean jueces civiles los que juzgaran estos hechos. En la previa del inicio del juicio, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró un informe que ofrece apreciaciones sobre cómo la sociedad y los distintos actores del litigio esperaban el debate oral y público: un recorrido desde la estrategia militar y el pacto de silencio castrense hasta los intentos de boicot de grupos nacionalistas.
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El periodista Rodolfo Walsh tiene tres fichas personales en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) e integra una nómina de autores con “antecedentes ideológicos desfavorables” por la obra que inaugura el nuevo periodismo: “Operación Masacre”. Del escritor al militante, criptógrafo en Cuba, jefe de inteligencia de Montoneros luego. En plena dictadura militar, desde la clandestinidad, siguió haciendo periodismo hasta el final, hasta su muerte luego de enfrentarse con una patota militar. A partir de 1973, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) produjo, recolectó y archivó material de Rodolfo Walsh y su labor como escritor, periodista y militante. Hasta el momento de su desaparición hubo un seguimiento focalizado de sus “antecedentes” e investigaciones sobre las agencias, semanarios y diarios donde trabajó o colaboró. Después de su secuestro y muerte, la persecución ideológica sobre el periodista continuó a través de la incorporación de su obra y de su nombre al corpus de producciones culturales que los organismos de inteligencia aconsejaron prohibir.
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La colección Movilizaciones políticas está destinada a docentes y se pensó para contribuir al abordaje de procesos históricos con las distintas fuentes documentales que posee el archivo de la CPM. Por un lado, se presentan documentos fotográficos, panfletos, volantes, informes de inteligencia, partes, memos, recortes periodísticos y relatos orales, y por el otro, se sugieren actividades o posibles lineamientos didácticos. Está dividido en dos partes, cronológicamente, la primera 1956-1973 y la segunda 1973-1998
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En el marco de sus objetivos y funciones, en el año 2006 la CPM comenzó a registrar los juicios penales a los responsables de delitos de lesa humanidad perpetrados en el territorio de la provincia de Buenos Aires (Argentina) durante el período de la última dictadura militar (1976-1983). La decisión de registrar estos juicios fue afianzar un concepto amplio del principio de publicidad, promover su difusión y conformar un archivo audiovisual que pueda ser de acceso público. La CPM se comprometió a partir de entonces a preservar el registro, estimular la consulta para la investigación, la divulgación y la producción audiovisual y garantizar el tratamiento y uso de la información de los testimonios de las víctimas.
Al año 2023 fueron registrados 22 juicios: Etchecolatz (2006); Von Wernich (2007); Unidad 9 (2010); Suárez Nelson Corvalán, (2010); Desaparición de Carlos Moreno (2012); Circuito Camps (2011/2012); Apropiación de Sebastián Casado Tasca (2012); Hermanos Iaccarino (2013); Apropiación de Elena Gallinari Abinet (2013); Policías bonaerenses de Junín (2014/ 2015); FUERTAR 5 (2015); Asesinato de Favero y Álvarez (2016); CNU (2017); La Cacha (2013/2014); Lucio Ramírez (2016); Operativos Policía Federal (2016); La Cueva I Mar del Plata (2011/2012); Brigada de San Justo (2018/2020); Batallón 601 (2019); Banfield, Quilmes y Lanús (2020-2023); Pozo de Arana (2022); Hogar de Belén (2023).
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La colección fue prologada por Ana Barletta y Lucía Abattista. Está compuesta por documentos de 8 legajos, 7 de los cuales pertenecen a la mesa Referencia y uno a la mesa DS, relacionados con el golpe de estado perpetrado en Chile en septiembre de 1973 y su impacto en la Argentina. También da cuenta del exilio de simpatizantes del gobierno de la Unidad Popular que se produjo a continuación y del ingreso de esas personas a nuestro país y su seguimiento. Contiene antecedentes de personas, informes de inteligencia sobre las repercusiones del golpe a nivel local, sobre acciones del COMACHI, panfletos, discursos, publicaciones periódicas, recortes periodísticos, entre otros tipos documentales.
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Fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo que funcionó en Junín, provincia de Buenos Aires, durante la última dictadura cívico-militar el ex jefe del área militar 131, Ángel José Gómez Pola, y el ex comisario de la seccional 1ª, Abel Oscar Bracken, el ex oficial de inteligencia policial Francisco Silvio Manzanares, el ex médico policial Aldo Antonio Chiachietta, los ex oficiales Miguel Ángel Almirón y Julio Ángel Esterlich y el ex oficial Edgardo Mastandrea. En el juicio se investigaron los delitos cometidos en 1976 y 1977 en la denominada Subzona 13, jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, incluida la desaparición de 24 personas. Los hechos tuvieron lugar en tres centros clandestinos: la comisaría 1ª, el destacamento Morse y la Unidad Penal 13, por entonces en construcción. El Tribunal Oral 1 de La Plata, integrado por los jueces Pablo Vega, César Álvarez y Carlos Rozanski, condenó a los dos primeros a prisión perpetua, a 25 años de prisión a Manzanares y Cianchietta, 18 años para Almirón y Esterlich y 15 años para Mastandrea.
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Juicio por la apropiación de Elena Gallinari Abinet, primera nieta nacida en cautiverio en 1976 y recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo. Los acusados fueron sus apropiadores: el ex subcomisario Domingo Madrid y su esposa María Mercedes Elichart, y la médica que firmó el acta de nacimiento Silvia Kirilovsky. Las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata fueron de diez años de prisión al ex subcomisario y a su esposa, y cinco años y medio para la médica que firmó el certificado de nacimiento falso.
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El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata juzgó a seis ex policías y a dos civiles por crímenes de lesa humanidad cometidos en el “Hogar de Belén”, donde tres niños sufrieron abusos y vejaciones, y en dos operativos represivos en los que fueron asesinadas seis personas. Los acusados fueron condenados de la siguiente manera: prisión perpetua el ex ministro de Gobierno bonaerense de facto Jaime Lamont Smart, el ex comisario y jefe del centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”, Juan Miguel Wolk, y los ex policías bonaerenses de la Brigada de Investigaciones de Lanús Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabro, Rubén Carlos Chavez y José Augusto López. La ex secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora Nora Susana Pellicer recibió la pena de 5 años de prisión.
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Juicio por apropiación del menor Sebastián José Casado Tasca, hijo del matrimonio de Adriana Leonor Tasca y Gaspar "Quinto" Casado, ambos desaparecidos, que fue inscripto como Sebastián Ricardo Capitolino en el año 1978. Nora Raquel Manacorda (médica policial) y Silvia Beatriz Molina (apropiadora) fueron acusadas por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años y falsificación de documento público. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata -formado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Jantus y Pablo David Vega- las condenaron a diez años de prisión y a cinco años y seis meses, respectivamente.
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Juicio contra los ex policías bonaerenses Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio Garachico por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 7 personas en el centro clandestino de detención conocido como “Pozo de Arana”. Se investigaron los secuestros y tormentos sufridos por Patricia Dell'Orto, Ambrosio De Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo Cano y Jorge Julio López, y la desaparición forzada de tres de ellos, Dell'Orto, De Marco y Rodas. Ambos fueron condenados a prisión perpetua.
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