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San Andrés de Giles, 21 de enero de 1973. Agentes de la DIPPBA siguen los pasos de la campaña presidencial de la fórmula Cámpora-Solano Lima y registra. Saca fotos. Caras fervorosas que se funden con el resurgir público del escudo del partido justicialista; gente grande, chicos, mujeres, militantes. La imagen de Evita, de Perón, de las manos en V. Según los cálculos de la inteligencia policial más de 15 mil personas festejan escuchando por los altoparlantes las palabras del general; entonan el himno y cantan a viva voz la marcha Peronista; gritan las consignas “si Evita viviera sería montonera” y “ya van a caer los culpables de las muertes de Trelew”.
Habían pasado 18 largos años de proscripción del partido peronista. Las elecciones del 11 de marzo de 1973 con Cámpora como candidato a presidente por el Frente Justicialista de Liberación nacional (FREJULI) abría la transición para un nuevo llamado a elecciones con la presentación del Partido Justicialista y su máximo líder como candidato.
La fórmula Cámpora-Solano Lima se impuso con más del 49.5% y el contrincante radical Ricardo Balbín reconoció el triunfo retirándose del ballotage.
Quedaba así abierta la puerta para el retorno de Juan Domingo Perón.

La vigilancia dispuesta por la DIPPBA sobre los trabajadores de la empresa Propulsora Siderúrgica se evidencia en las casi 800 fojas de documentación reunidas en diferentes legajos que permiten un recorrido histórico que va desde el año 1969 hasta 1994. Localizada en Ensenada, la empresa del grupo Techint fue, junto a SOMISA, una de las principales siderúrgicas dedicadas a la producción de acero plano. Llegó a emplear alrededor de 1500 trabajadores, la mayoría oriundos de la región.
En el marco de las políticas económicas implementadas por Carlos Menem, la empresa encaró un proceso de reestructuración productiva que buscó al mismo tiempo aumentar la productividad y disminuir los costos de producción, fundamentalmente a través de mecanismos de flexibilización laboral. Estas medias repercutieron negativamente sobre el salario y la estabilidad del empleo y por lo tanto fueron resistidas por los trabajadores, tal como se evidencia en la selección documental que presentamos.

El 22 de abril de 1985 se realizaba la primera audiencia del juicio a las Juntas Militares, llegaba el tiempo de la justicia. Sobrevivientes, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos habían reclamado, desde la vuelta a la democracia, la condena de los crímenes de lesa humanidad y que sean jueces civiles los que juzgaran estos hechos. En la previa del inicio del juicio, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró un informe que ofrece apreciaciones sobre cómo la sociedad y los distintos actores del litigio esperaban el debate oral y público: un recorrido desde la estrategia militar y el pacto de silencio castrense hasta los intentos de boicot de grupos nacionalistas.

La delegación Lanús le envía a la Central de inteligencia un panfleto sobre los sucesos de Trelew que había sido distribuido en Capital Federal. El informe señala que fue obtenido confidencialmente.

En Bahía Blanca se realizan distintos actos conmemorativos el 22 de agosto de 1973. La delegación Bahía Blanca informa y remite volanteria.

Volante distribuido durante un acto relizado en San Justo.

Panfletos elevados por la delegación Tigre a la Central de inteligencia

En La Plata se realiza un acto y movilización en homenaje a las víctimas de Trelew. La delegación informa y remite volanteria a la Central de inteligencia.