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El 22 de abril de 1985 se realizaba la primera audiencia del juicio a las Juntas Militares, llegaba el tiempo de la justicia. Sobrevivientes, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos habían reclamado, desde la vuelta a la democracia, la condena de los crímenes de lesa humanidad y que sean jueces civiles los que juzgaran estos hechos. En la previa del inicio del juicio, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró un informe que ofrece apreciaciones sobre cómo la sociedad y los distintos actores del litigio esperaban el debate oral y público: un recorrido desde la estrategia militar y el pacto de silencio castrense hasta los intentos de boicot de grupos nacionalistas.

La vigilancia dispuesta por la DIPPBA sobre los trabajadores de la empresa Propulsora Siderúrgica se evidencia en las casi 800 fojas de documentación reunidas en diferentes legajos que permiten un recorrido histórico que va desde el año 1969 hasta 1994. Localizada en Ensenada, la empresa del grupo Techint fue, junto a SOMISA, una de las principales siderúrgicas dedicadas a la producción de acero plano. Llegó a emplear alrededor de 1500 trabajadores, la mayoría oriundos de la región.
En el marco de las políticas económicas implementadas por Carlos Menem, la empresa encaró un proceso de reestructuración productiva que buscó al mismo tiempo aumentar la productividad y disminuir los costos de producción, fundamentalmente a través de mecanismos de flexibilización laboral. Estas medias repercutieron negativamente sobre el salario y la estabilidad del empleo y por lo tanto fueron resistidas por los trabajadores, tal como se evidencia en la selección documental que presentamos.