Antecedentes de Antonia Gutiérrez García a partir de una carta que envía a la División de orden público, denunciando acoso. Por falta de respuesta de la División, Gutiérrez envía una segunda carta y la invitación a la misa de campaña por la muerte de su madre.
El expediente inicia con un informe ambiental de Beroch que data de mayo de 1965. En 1976, la Secretaría de Inteligencia solicita sus antecedentes generales e ideológicos. El investigado era dirigente de la agrupación nacionalista Tacuara.
La secretaría de Guerra 2da. subjefatura ejecutiva envía a la Jefatura de Inteligencia de Policía los antecedentes del ciudadano Carlos Heriberto Pereyra pidiendo se identifique donde vive.
El legajo se inicia con un informe recibido por SIPBA de parte de la sección cuarta de Morón, Hurlingham, donde se produjo la detención de Roberto Antonio Barua por "hurto reiterado de automotores". Luego de allanar su domicilio, detectan "material ideológico comunista y peronista", por lo tanto proceden a averiguar sus antecedentes. Finalmente, el legajo recoge noticias en medios del arresto y los perfiles de personas cercanas a su círculo, algunos de los cuales resultaron ser sus compañeros de militancia en la Juventud Peronista y otros, además, sus cómplices.
El legajo se abre con la declaración de un funcionario judicial que denuncia haber sido secuestrado. A partir de las descripciones realizadas por Fernandez Lecce la División Investigaciones remite los identikits de los secuestradores reproducidos mediante fotografías.
El legajo se inicia con una sucesión de notas periodísticas en torno de la desaparición de Néstor Martins, abogado, y de Conrado Centeno Delgadillo, por quienes comienzan a organizarse una serie de actos e intervenciones públicas en reclamo. Descontando algunos pocos memorandum, entre los cuales se cuenta una averiguación de antecedentes, intercambiados por dependencias de la Policía, el legajo sigue las repercusiones mediáticas de los actos conmemorativos por la desaparición de ambos.
El 22 de abril de 1985 se realizaba la primera audiencia del juicio a las Juntas Militares, llegaba el tiempo de la justicia. Sobrevivientes, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos habían reclamado, desde la vuelta a la democracia, la condena de los crímenes de lesa humanidad y que sean jueces civiles los que juzgaran estos hechos. En la previa del inicio del juicio, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró un informe que ofrece apreciaciones sobre cómo la sociedad y los distintos actores del litigio esperaban el debate oral y público: un recorrido desde la estrategia militar y el pacto de silencio castrense hasta los intentos de boicot de grupos nacionalistas.
El legajo se inicia con un parte que transcribe disposición del Ministro del Interior La División Coordinación Policial en la que se remite nómina de jefes y oficiales del ejército impedidos de salir del país.
El procedimiento administrativo lo inicia la División San Nicolás al solicitarle a SIPBA antecedentes de Alfredo Omar Busch, trabajador de una siderúrgica. El objetivo final era detectar si funcionaba como correo comunista entre Argentina y organizaciones de Brasil. Finalmente no hallaron pruebas de sus presuntas actividades, sino que solamente lo sindicaron como cuadro intelectual.