La dirección de informaciones antidemocráticas solicita información sobre la existencia de un comité del Partido Comunista. En cumplimiento con ese pedido, el subcomisario de Adolfo Alsina informa que hay un salón donde habrían reuniones secretas pero no un local oficial habilitado. Se envían antecedentes de algunos dirigentes junto con documentación preexistente a la apertura del legajo con referencia a la identificación de los integrantes del partido. En el año 1959, bajo cumplimiento del decreto 4965/59 PEN, se instrumenta la clausura del local. En el año 1966, "los días 28, 29 y 30 de julio próximo pasado, una comisión de la Policía Federal a pedido de colaboración solicitado por el comando del V cuerpo del Ejército procedió a inspeccionar los domicilios de personas sindicadas como comunistas de las localidades de Rivera, Colonia Lapín y Pte Adolfo Alsina". En este marco se incluye la serie de 11 fotografías de personas cuyos domicilios fueron requisados insertas en el legajo adentro de un sobre. La totalidad de las fotografías pueden ser consultadas en sala.
https://www.comisionporlamemoria.org/archivo/consultas/
El 14 de septiembre de 1953 la División Orden Público informa que el 12 del mismo mes se realizó un procedimiento en el local del Comité Central del Partido Comunista en Avellaneda. El informe detalla que se encontraron libros, volantes, afiches y distintos elementos como petardos y cascos de bombas. El informe finaliza enunciando que el local fue clausurado. El legajo continúa con información sobre el Comité del Partido Comunista de Avellaneda y de otros distritos. La totalidad de las fotografías pueden ser consultadas en sala.
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Información producida por actividades del "Comando del oeste", agrupación sindicada de comunista. Destacan los prontuarios de los miembros de la organización, resultado de Allanamientoss y secuestros.
La colección fue prologada por Daniel Lvovich. Está conformada por Legajos de la Carpeta Decretos Leyes y Disposiciones, de Mesa A, C, Ds y Referencia. Contiene informes de inteligencia sobre distintas acciones llevadas adelante por Tacuara y otras agrupaciones nacionalistas, en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y CABA. Dentro de los legajos también hay fotografías, volantes, panfleto, documentos de propaganda o difusión de las propias organizaciones. Las fechas predominantes de la colección son: 1960-1975
La delegación Bahía blanca remite a la dirección central informe confidencial titulado: "elementos comunistas identificados en la zona de Caruhé". El informe de inteligencia señala que la información fue recogida por personal de la delegación con la colaboración del titular de la comisaría de Caruhé. Se adjuntan copias de la investigación y registro fotográfico de objetos secuestrados. La totalidad de las fotografías pueden ser consultadas en sala.
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El legajo se inicia con un informe elaborado por la delegación San Martín sobre un operativo conjunto llevado adelante por la Brigada de investigaciones Zona Centro, SIPBA y coordinación Federal. Dicho operativo consistió en la inspección y secuestro de bibliografía en un domicilio de Capital Federal. La totalidad de las fotografías pueden ser consultadas en sala.
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El legajo se inicia con un informe elaborado por la Delegación San Martín, en el que se detalla que la Secretaría de Informaciones del Estado entregó información sobre la Cooperativa Comunista "12 de octubre" y sobre el allanamiento a los domicilios de Ernesto Jorge Klucznik y Pedro Manfredi. La delegación San Martín luego realiza una inspección del domicilio de Klucznik buscando determinar su posible filiación comunista.
El procedimiento administrativo lo inicia la División San Nicolás al solicitarle a SIPBA antecedentes de Alfredo Omar Busch, trabajador de una siderúrgica. El objetivo final era detectar si funcionaba como correo comunista entre Argentina y organizaciones de Brasil. Finalmente no hallaron pruebas de sus presuntas actividades, sino que solamente lo sindicaron como cuadro intelectual.
El 22 de abril de 1985 se realizaba la primera audiencia del juicio a las Juntas Militares, llegaba el tiempo de la justicia. Sobrevivientes, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos habían reclamado, desde la vuelta a la democracia, la condena de los crímenes de lesa humanidad y que sean jueces civiles los que juzgaran estos hechos. En la previa del inicio del juicio, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró un informe que ofrece apreciaciones sobre cómo la sociedad y los distintos actores del litigio esperaban el debate oral y público: un recorrido desde la estrategia militar y el pacto de silencio castrense hasta los intentos de boicot de grupos nacionalistas.
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