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En el contexto del final del primer mandato presidencial de Carlos Saúl Menem, las organizaciones gremiales que se oponían a las políticas neoliberales y que buscaban diferenciarse de la CGT oficial, organizaron una multitudinaria marcha.
Convocada por la Central de trabajadores de Argentina (CTA), el Movimiento de trabajadores de Argentina (MTA) y la Corriente Clasista y combativa (CCC), partió de La Quiaca y culminó en Plaza de Mayo en Buenos Aires. A su paso se sumaron columnas de todas las regiones del país. Participaron docentes, estudiantes, pequeños productores y empresarios, representantes de comunidades indígenas y jubilados, así como algunos de los principales partidos opositores.
La DIPPBA hizo un seguimiento audiovisual que comienza en la madrugada del 6 de julio de 1994 en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, registrando el movimiento de las personas que abordaban los colectivos que los llevarían a la Capital Federal. Pero además del uso de sus propias cámaras para espiar, simulaban ser periodistas de un canal de televisión inventado (Televisión ciudadana, TVC) con el que entrevistaban a algunos de los protagonistas de la jornada de protesta. También hay en la recopilación del material, grabaciones con recortes de televisión.
Las placas que referencian los lugares registrados pertenecen a la DIPPBA. El subtitulado que aparece en el video no está en la filmación original, sino que fue realizado para facilitar el entendimiento de lo que se dice.

Documentos de la Federación Obrera Regional Argentina de la ciudad de Mar del Plata del año 1932. Los documentos que componen el legajo anteceden al Archivo y fueron heredados de otras dependencias policiales afines a la DIPPBA. La FORA, de orientación anarquista, fue creada en el año 1901 y tuvo gravitación en el ámbito obrero hasta la década del 30.

“¿Dónde y cuándo votarán los detenidos-desaparecidos?”
Los organismos de derechos humanos que se gestaron poco antes o durante la última dictadura militar, hacia el final del período habían logrado una fuerte presencia pública en el país y habían cosechado prestigio más allá de las fronteras. Con fuerte apoyo internacional, un premio Nobel a cuestas, notoria visibilidad pública y creciente apoyo social, emprendían acciones de mayor envergadura y peso político.
La transición democrática que ya se anunciaba, comienza a efectivizarse en el acto eleccionario del 30 de octubre de 1983. Una solicitada titulada: “¿Dónde y cuándo votarán los detenidos-desaparecidos?” sale publicada en el diario Clarín el 25 de octubre.
La solicitada contiene más de 6000 mil nombres con sus edades, números de documentos y fecha de desaparición. También incluye nombres con datos incompletos, distingue a extranjeros, adolescentes y niños secuestrados o nacidos durante el cautiverio de sus madres.
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; el Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia para América Latina fueron quienes elaboraron la solicitada bajo el título: “dónde y cuándo votarán los detenidos-desaparecidos”.
El mismo 30 de octubre una integrante de Madres de Plaza de Mayo concurrió a una escuela de la ciudad de La Plata a presentar un recurso de habeas corpus en favor de su hija desaparecida. Exigía también que le dieran un certificado en el que dijera que por tal motivo no podía ejercer su derecho a voto. Ese episodio se enmarca en el llamado que la Asociación hizo a todos los familiares; el lema era concurrir a las mesas en la que los detenidos-desaparecidos debían votar, y presentar documentación que justificara las ausencias. El comunicado emitido por Madres, también expresaba que la presentación debía quedar asentada en el acta electoral.

De la mano de Roberto Dromi, Ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem, en 1990 se inició un acelerado y ambicioso proceso de privatización de empresas estatales.
La licitación de ENTEL en noviembre de 1990 inauguró un recorrido que siguieron otras: Aerolíneas, SEGBA, YPF y ferrocarriles son algunas de las empresas que por esos años pasaron del Estado a manos privadas.
En el caso puntual de la privatización de la red ferroviaria, el proceso se inició con la separación del trasporte de carga del de pasajeros. La red fue segmentada y ofrecida en concesiones a largo plazo. Los ramales que no resultaban rentables a los intereses de las empresas adjudicatarias fueron cerrados. Esto generó un amplio movimiento de resistencia por parte de los trabajadores y de la población en general, que veía cómo cientos de pueblos quedaban aislados ante la desaparición del tren.
La DIPPBA siguió de cerca estas manifestaciones.

La DIPPBA registra minuciosamente los sucesos de Trelew desde los días previos a la fuga del penal de Rawson hasta la víspera del segundo aniversario de los fusilamientos. Conforman los 5 tomos del legajo Nº 383 de la Mesa Delincuente Subversivo D“(s)” más de 1500 fojas entre memos, informes de inteligencia, recortes de prensa, volantes, panfletos.

El Legajo Nº 383 de la Mesa Ds inicia con una notificación del Servicio de Inteligencia de la Armada del 26 de julio de 1972 advirtiendo a la Comunidad Informativa sobre el posible asalto al penal de Rawson por parte de “elementos terroristas” procedentes de Córdoba y que se estarían agrupando en la zona de Carmen de Patagones, San Antonio Oeste y Comodoro Rivadavia. A partir de esa advertencia se despliega por parte de la DIPPBA y de toda la Comunidad informativa un trabajo de inteligencia que no arroja resultados. La Unidad Regional de Bahía Blanca por ejemplo, el 28 de julio de 1972 procedió a realizar averiguaciones “arrojando resultados negativos”. Se reitera el teletipo en varias oportunidades con carácter de “suma urgencia”.

El parte 1778 proveniente de Seguridad Federal fechado el 15 de agosto a las 23 hs alerta a la Comunidad Informativa sobre la fuga. A partir de ese momento de desata una febril actividad de vigilancia y persecución. Muestra de ello son: controles en las rutas, requisa de autos, secuestro de armas; seguimiento a familiares de las víctimas, periodistas, al equipo de profesionales involucrados en la situación legal de los y las detenidas, a representantes de partidos políticos que se dirigen a Trelew, a vecines de la ciudad de Rawson; control de vuelos y nómina de pasajeros.

La incesante actividad se agudiza una vez ocurridos los fusilamientos. Por un lado es frenético el registro de las expresiones de repudio y las posteriores versiones de los hechos que contradecían lo que la marina pretendía instalar. Por el otro se despliegan acciones de inteligencia tendientes a registrar los homenajes que respecto de la masacre realizan distintos sectores de la sociedad en el transcurso del tiempo. Y finalmente merece una mención especial el seguimiento sistemático a los familiares de las víctimas que concurren el Hospital de la Base Naval de Puerto Belgrano lugar al que eran derivados los/las heridas: registro escrito y fotográfico de arreglos funerarios, de chapas patentes e infiltración para dar cuenta de conversaciones telefónicas, asistentes y declaraciones que pudiesen efectuarse.

Parte de los documentos que conforman el fondo documental de la DIPPBA son aquellos producidos por la sociedad vigilada. En ese sentido la DIPPBA registró con gran recelo toda actividad panfletaria en repudio a la “masacre de Trelew”. Decenas de volantes y panfletos - impresos en mimeógrafos o imprentas, elaborados a mano alzada; con marcas de pisadas por haber sido levantado de la vía pública; rasgados por haber sido arrancados de las paredes; o con rastros de dispositivo lanza panfletos- se encuentran conservados en este legajo.

La Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA) vigiló, registró y persiguió a ciudadanos y ciudadanas bonaerenses durante más de medio siglo. Cerrada en 1998 luego de una reforma policial, había sido creada en 1956 para espiar a la sociedad en su conjunto y suministrar información sobre las personas, acciones u organizaciones que podían representar un peligro al orden establecido en diferentes momentos históricos.
Organizaciones políticas, gremiales, sociales, culturales, educativas y religiosas fueron minuciosamente relevadas. Bajo la premisa “tener registrados a todos, aún a los buenos, para saber quiénes son cuando dejan de serlo”, registraron las actividades que realizaban y a sus integrantes. Los espiaban, los fotografiaban, hacían informes contando lo que veían; se infiltraban en asambleas, en marchas, y hasta en reuniones privadas. Recopilaban panfletos, volantes y publicaciones fichando a las agrupaciones firmantes, sus consignas, analizando tendencia política, influencia y gravitación. La mirada policial que ejercía persecución político ideológica llegaba a todxs. Les estudiantes y sus ámbitos organizativos y de militancia no fueron la excepción. El factor Estudiantil de la Mesa A contiene un registro de actividades estudiantiles. Releva mayoritariamente la actividad universitaria y de colegios secundarios; en algunos casos, también de escuelas primarias.

La misión y función de registrar

Según el propio material doctrinario de la DIPPBA la División Político Educacional tenía por función mantener actualizada:
la situación de la problemática del área educativa provincial;
sedes y autoridades universitarias, secundarias y primarias;
registros de actividades estudiantiles: asambleas, movilizaciones, panfleteadas, etc;
estudio permanente de las agrupaciones estudiantiles, sus estrategias, alianzas, actividad de dirigentes.

La mirada sobre las organizaciones estudiantiles incluía autoridades universitarias, dirigentes, detección de infiltración de extremistas, plataformas, contactos con un interés explícito por “los aspectos cualitativos y cuantitativos. Según los documentos del material doctrinario todo lo concerniente al ámbito universitario - por razones de importancia y operatividad - se le debía asignar prioridad. Además de archivarse, la inteligencia producida se difundía a la comunidad informativa.
Las organizaciones estudiantiles por su parte, han desplegado históricamente distintas estrategias de propaganda política durante actos y movilizaciones, entre las que se destaca la elaboración de boletines, panfletos, folletos. El episodio conocido como La noche de los lápices, se reproduce en gran parte de los documentos que la DIPPBA recopiló e incorporó en los legajos, junto a los antecedentes de las organizaciones firmantes y minuciosos informes con seguimientos a movilizaciones.
Para acceder a la colección: https://www.comisionporlamemoria.org/project/noche-de-los-lapices/

Los documentos y la información de la colección pertenecen a los siguientes legajos:
CPM, fondo DIPPBA -DCDRyA, Mesa A, Factor Estudiantil, La Plata, Legajo 246. Año 1984-1991.
CPM, fondo DIPPBA -DCDRyA, Mesa A, Factor Estudiantil, Legajo 78. Año 1990-1996.
CPM, fondo DIPPBA -DCDRyA, Mesa Ds, Varios Legajo 35295. Año 1993.
CPM, fondo DIPPBA -DCDRyA, Mesa A, Factor Estudiantil, La Plata, Legajo 138. Año 1994.
CPM, fondo DIPPBA -DCDRyA, Mesa A, Factor Educacional, Legajo 96. Año 1997.
CPM, fondo DIPPBA -DCDRyA, Mesa Doctrina, Legajos 46 s/f y 218 1989-1990.

El legajo Nº 78 de la Mesa A Estudiantil que lleva por asunto “Escuelas secundarias, La noche de los lápices” comienza con un informe sobre el proyecto de ley de creación de un monumento a los estudiantes secundarios desaparecidos, para luego continuar con el seguimiento a los actos conmemorativos entre 1990 y 1996 en distintas localidad de la provincia de Buenos Aires. El legajo está conformado por informes de inteligencia sobre las movilizaciones, recortes periodísticos y documentos producidos por las organizaciones estudiantiles.