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Juzgamiento del sacerdote y ex capellán de la policía bonaerense durante la dictadura militar, Christian Federico Von Wernich, causa: 2506/07 – “CHRISTIAN FEDERICO VON WERNICH”. El juicio se realizó en la sala de audiencias del Tribunal Federal Oral, ubicado en la ciudad de La Plata, calle 8 entre 50 y 51. El tribunal estuvo presidido por el Dr. Carlos Rozanski,

Con el Plan de Capacidades Comando de Operaciones Navales “Placintara”, dictado el 21 de noviembre de 1975 por el Consejo de Defensa –creado en los decretos de “aniquilamiento de la subversión” firmados durante el gobierno constitucional–, la Armada encargó a once Fuerzas de Tareas la ejecución de “operaciones ofensivas, defensivas y/o especiales contra el oponente subversivo”. Uno de los lugares considerados prioritarios para el “esfuerzo antisubversivo” fue la zona de Ensenada y Berisso, que correspondió a la Fuerza de Tareas Nº 5. El término FuerTar 5 alude al esquema de reorganización de la Marina a nivel nacional en función de los nuevos objetivos que se planteó la dictadura militar. Bajo la órbita del Fuertar 5 operaron el Batallón de Infantería de Marina (BIM) 3, la Escuela Naval, el Astillero Río Santiago, la sede de la Prefectura y el Hospital Naval. El juicio se realizó en la se Ex AMIA, calle 4 entre 51 y 53 – La Plata donde se constituyó el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, integrado por Carlos Rozanski (pte) César Álvarez, y Germán Castelli. La causa es la 17/2012/TO1 caratulada “VAÑEK, Antonio y otros s/ Privación ilegal de la libertad y otros”.

El Centro Clandestino conocido como La Cacha funcionó durante la última dictadura militar en las instalaciones de la que había sido la antena transmisora de Radio Provincia de Buenos Aires, entre la calle 197, avenida 53, ruta provincial 36 y calle 47 de la localidad de Lisandro Olmos, detrás de las unidades penitenciarias 1 y 8. Allí fueron detenidas ilegalmente 128 personas y se sustrajeron tres menores nacidos en cautiverio. El expediente que llegó a instancia de juicio fue el resultado de la unificación de tres investigaciones penales sobre homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y sustitución, ocultamiento y retención de menores, delitos cometidos en la esfera del CCD. Causa Nro.3389/12 “Hidalgo Garzón, Carlos del Señor y otros s/infrac. Art. 144 inciso 1ero., último párrafo, 142 inciso 1eros y 5to. Agravado por el art. 144, ter.1ero y 2do. Párrafo, según ley 14616, en concurso real, art. 80 inciso 2, 146 y 139 inciso 2 del CP, en concurso ideal”. El juicio se realizó en la sede de la ex AMIA calle 4 entre 51 y 53 – La Plata, donde se constituyó el Tribunal Oral Federal Nro 1, integrado por Carlos Rozanski (presidente), Pablo Vega y Pablo Jantus.

Un raid de secuestros, torturas y asesinatos –todos delitos de lesa humanidad- cometido por una patota de la Policía Federal de La Plata, contra seis personas, cuatro de ellas asesinadas en 1977. Se realizó en la Sede de la Cámara Federal calle 8 entre 50 y 51 – La Plata, Tribunal Oral Federal Nº2 de La Plata, integrado por Jorge Michelli, Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris.

En esta séptima entrega presentamos una selección de documentos referidos al Cordobazo. La movilización obrera y estudiantil marcó el comienzo del fin del gobierno de Juan Carlos Onganía (la autodenominada “Revolución Argentina”, que había derrocado al presidente radical Arturo Humberto Illia en 1966). Durante este régimen, la creciente conflictividad social respondió a las modalidades de represión ampliada sobre trabajadores y estudiantes en todo el país. En ese contexto, el movimiento sindical se dividió y surgieron sectores combativos que se enfrentaron a las cúpulas sindicales tradicionales. En mayo de 1969 en Córdoba, obreros organizados en las filiales automotrices de Sitrac-Sitram lideraron una movilización a la que se sumaron militantes estudiantiles y otros sectores radicalizados. La represión agudizó el conflicto y la agitación social recorrió varias ciudades del país.
En un legajo extenso constituido al calor de la protesta, distintos organismos de inteligencia solicitan y registran informes de situación cada 20 minutos. Los recortes periodísticos, partes, panfletos, informes de inteligencia y otros documentos suman más de 2.000 fojas que relevan información de gran parte del territorio nacional.

En el contexto del final del primer mandato presidencial de Carlos Saúl Menem, las organizaciones gremiales que se oponían a las políticas neoliberales y que buscaban diferenciarse de la CGT oficial, organizaron una multitudinaria marcha.
Convocada por la Central de trabajadores de Argentina (CTA), el Movimiento de trabajadores de Argentina (MTA) y la Corriente Clasista y combativa (CCC), partió de La Quiaca y culminó en Plaza de Mayo en Buenos Aires. A su paso se sumaron columnas de todas las regiones del país. Participaron docentes, estudiantes, pequeños productores y empresarios, representantes de comunidades indígenas y jubilados, así como algunos de los principales partidos opositores.
La DIPPBA hizo un seguimiento audiovisual que comienza en la madrugada del 6 de julio de 1994 en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, registrando el movimiento de las personas que abordaban los colectivos que los llevarían a la Capital Federal. Pero además del uso de sus propias cámaras para espiar, simulaban ser periodistas de un canal de televisión inventado (Televisión ciudadana, TVC) con el que entrevistaban a algunos de los protagonistas de la jornada de protesta. También hay en la recopilación del material, grabaciones con recortes de televisión.
Las placas que referencian los lugares registrados pertenecen a la DIPPBA. El subtitulado que aparece en el video no está en la filmación original, sino que fue realizado para facilitar el entendimiento de lo que se dice.

Documentos de la Federación Obrera Regional Argentina de la ciudad de Mar del Plata del año 1932. Los documentos que componen el legajo anteceden al Archivo y fueron heredados de otras dependencias policiales afines a la DIPPBA. La FORA, de orientación anarquista, fue creada en el año 1901 y tuvo gravitación en el ámbito obrero hasta la década del 30.

“¿Dónde y cuándo votarán los detenidos-desaparecidos?”
Los organismos de derechos humanos que se gestaron poco antes o durante la última dictadura militar, hacia el final del período habían logrado una fuerte presencia pública en el país y habían cosechado prestigio más allá de las fronteras. Con fuerte apoyo internacional, un premio Nobel a cuestas, notoria visibilidad pública y creciente apoyo social, emprendían acciones de mayor envergadura y peso político.
La transición democrática que ya se anunciaba, comienza a efectivizarse en el acto eleccionario del 30 de octubre de 1983. Una solicitada titulada: “¿Dónde y cuándo votarán los detenidos-desaparecidos?” sale publicada en el diario Clarín el 25 de octubre.
La solicitada contiene más de 6000 mil nombres con sus edades, números de documentos y fecha de desaparición. También incluye nombres con datos incompletos, distingue a extranjeros, adolescentes y niños secuestrados o nacidos durante el cautiverio de sus madres.
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; el Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia para América Latina fueron quienes elaboraron la solicitada bajo el título: “dónde y cuándo votarán los detenidos-desaparecidos”.
El mismo 30 de octubre una integrante de Madres de Plaza de Mayo concurrió a una escuela de la ciudad de La Plata a presentar un recurso de habeas corpus en favor de su hija desaparecida. Exigía también que le dieran un certificado en el que dijera que por tal motivo no podía ejercer su derecho a voto. Ese episodio se enmarca en el llamado que la Asociación hizo a todos los familiares; el lema era concurrir a las mesas en la que los detenidos-desaparecidos debían votar, y presentar documentación que justificara las ausencias. El comunicado emitido por Madres, también expresaba que la presentación debía quedar asentada en el acta electoral.

De la mano de Roberto Dromi, Ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem, en 1990 se inició un acelerado y ambicioso proceso de privatización de empresas estatales.
La licitación de ENTEL en noviembre de 1990 inauguró un recorrido que siguieron otras: Aerolíneas, SEGBA, YPF y ferrocarriles son algunas de las empresas que por esos años pasaron del Estado a manos privadas.
En el caso puntual de la privatización de la red ferroviaria, el proceso se inició con la separación del trasporte de carga del de pasajeros. La red fue segmentada y ofrecida en concesiones a largo plazo. Los ramales que no resultaban rentables a los intereses de las empresas adjudicatarias fueron cerrados. Esto generó un amplio movimiento de resistencia por parte de los trabajadores y de la población en general, que veía cómo cientos de pueblos quedaban aislados ante la desaparición del tren.
La DIPPBA siguió de cerca estas manifestaciones.

La DIPPBA registra minuciosamente los sucesos de Trelew desde los días previos a la fuga del penal de Rawson hasta la víspera del segundo aniversario de los fusilamientos. Conforman los 5 tomos del legajo Nº 383 de la Mesa Delincuente Subversivo D“(s)” más de 1500 fojas entre memos, informes de inteligencia, recortes de prensa, volantes, panfletos.

El Legajo Nº 383 de la Mesa Ds inicia con una notificación del Servicio de Inteligencia de la Armada del 26 de julio de 1972 advirtiendo a la Comunidad Informativa sobre el posible asalto al penal de Rawson por parte de “elementos terroristas” procedentes de Córdoba y que se estarían agrupando en la zona de Carmen de Patagones, San Antonio Oeste y Comodoro Rivadavia. A partir de esa advertencia se despliega por parte de la DIPPBA y de toda la Comunidad informativa un trabajo de inteligencia que no arroja resultados. La Unidad Regional de Bahía Blanca por ejemplo, el 28 de julio de 1972 procedió a realizar averiguaciones “arrojando resultados negativos”. Se reitera el teletipo en varias oportunidades con carácter de “suma urgencia”.

El parte 1778 proveniente de Seguridad Federal fechado el 15 de agosto a las 23 hs alerta a la Comunidad Informativa sobre la fuga. A partir de ese momento de desata una febril actividad de vigilancia y persecución. Muestra de ello son: controles en las rutas, requisa de autos, secuestro de armas; seguimiento a familiares de las víctimas, periodistas, al equipo de profesionales involucrados en la situación legal de los y las detenidas, a representantes de partidos políticos que se dirigen a Trelew, a vecines de la ciudad de Rawson; control de vuelos y nómina de pasajeros.

La incesante actividad se agudiza una vez ocurridos los fusilamientos. Por un lado es frenético el registro de las expresiones de repudio y las posteriores versiones de los hechos que contradecían lo que la marina pretendía instalar. Por el otro se despliegan acciones de inteligencia tendientes a registrar los homenajes que respecto de la masacre realizan distintos sectores de la sociedad en el transcurso del tiempo. Y finalmente merece una mención especial el seguimiento sistemático a los familiares de las víctimas que concurren el Hospital de la Base Naval de Puerto Belgrano lugar al que eran derivados los/las heridas: registro escrito y fotográfico de arreglos funerarios, de chapas patentes e infiltración para dar cuenta de conversaciones telefónicas, asistentes y declaraciones que pudiesen efectuarse.

Parte de los documentos que conforman el fondo documental de la DIPPBA son aquellos producidos por la sociedad vigilada. En ese sentido la DIPPBA registró con gran recelo toda actividad panfletaria en repudio a la “masacre de Trelew”. Decenas de volantes y panfletos - impresos en mimeógrafos o imprentas, elaborados a mano alzada; con marcas de pisadas por haber sido levantado de la vía pública; rasgados por haber sido arrancados de las paredes; o con rastros de dispositivo lanza panfletos- se encuentran conservados en este legajo.