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El año 1972 estaba llegando a su fin y con él se terminaban también las aspiraciones políticas del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse. Su intento de erigirse como el candidato que representase a todas las fuerzas políticas fracasaría junto al GAN (Gran acuerdo Nacional). Nuevamente el escenario político que se estaba gestando, se encontraba atravesado por cómo debía resolverse la proscripción del Peronismo. La salida “acordada” consistió en que ni Lanusse ni Perón pudieran presentarse a las elecciones previstas para el 11 de Marzo de 1973.
En ese contexto mientras se conformaban las candidaturas, el Congreso Nacional de la Juventud Peronista de Santa Fe confecciona un afiche de la “Lista 22 de agosto” tomando como emblema la fecha de los fusilamientos de los presos de Trelew. La nómina de electores se conformó con los nombres de presos políticos alojados en las diferentes unidades penitenciarias del país. Un dato impactante: a pesar de que todos fueron liberados el 25 de mayo de 1973 el mismo día de la asunción de Héctor Cámpora, casi la mitad de ellos fueron desaparecidos o asesinados durante la última dictadura militar.
Este afiche llega al archivo de la DIPBBA desde la localidad de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. El legajo se inicia con una consulta que le hace el Partido Justicialista al Intendente Teniente Jorge Brussa sobre la posibilidad de exhibir este afiche en la vía pública de esa localidad. El intendente deriva la consulta a la Delegación de la DIPBBA Bahía Blanca que a su vez la deriva a la Central de Inteligencia. Como era previsible la respuesta fue negativa.

San Andrés de Giles, 21 de enero de 1973. Agentes de la DIPPBA siguen los pasos de la campaña presidencial de la fórmula Cámpora-Solano Lima y registra. Saca fotos. Caras fervorosas que se funden con el resurgir público del escudo del partido justicialista; gente grande, chicos, mujeres, militantes. La imagen de Evita, de Perón, de las manos en V. Según los cálculos de la inteligencia policial más de 15 mil personas festejan escuchando por los altoparlantes las palabras del general; entonan el himno y cantan a viva voz la marcha Peronista; gritan las consignas “si Evita viviera sería montonera” y “ya van a caer los culpables de las muertes de Trelew”.
Habían pasado 18 largos años de proscripción del partido peronista. Las elecciones del 11 de marzo de 1973 con Cámpora como candidato a presidente por el Frente Justicialista de Liberación nacional (FREJULI) abría la transición para un nuevo llamado a elecciones con la presentación del Partido Justicialista y su máximo líder como candidato.
La fórmula Cámpora-Solano Lima se impuso con más del 49.5% y el contrincante radical Ricardo Balbín reconoció el triunfo retirándose del ballotage.
Quedaba así abierta la puerta para el retorno de Juan Domingo Perón.

“¿Dónde y cuándo votarán los detenidos-desaparecidos?”
Los organismos de derechos humanos que se gestaron poco antes o durante la última dictadura militar, hacia el final del período habían logrado una fuerte presencia pública en el país y habían cosechado prestigio más allá de las fronteras. Con fuerte apoyo internacional, un premio Nobel a cuestas, notoria visibilidad pública y creciente apoyo social, emprendían acciones de mayor envergadura y peso político.
La transición democrática que ya se anunciaba, comienza a efectivizarse en el acto eleccionario del 30 de octubre de 1983. Una solicitada titulada: “¿Dónde y cuándo votarán los detenidos-desaparecidos?” sale publicada en el diario Clarín el 25 de octubre.
La solicitada contiene más de 6000 mil nombres con sus edades, números de documentos y fecha de desaparición. También incluye nombres con datos incompletos, distingue a extranjeros, adolescentes y niños secuestrados o nacidos durante el cautiverio de sus madres.
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; el Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia para América Latina fueron quienes elaboraron la solicitada bajo el título: “dónde y cuándo votarán los detenidos-desaparecidos”.
El mismo 30 de octubre una integrante de Madres de Plaza de Mayo concurrió a una escuela de la ciudad de La Plata a presentar un recurso de habeas corpus en favor de su hija desaparecida. Exigía también que le dieran un certificado en el que dijera que por tal motivo no podía ejercer su derecho a voto. Ese episodio se enmarca en el llamado que la Asociación hizo a todos los familiares; el lema era concurrir a las mesas en la que los detenidos-desaparecidos debían votar, y presentar documentación que justificara las ausencias. El comunicado emitido por Madres, también expresaba que la presentación debía quedar asentada en el acta electoral.

Década del 90. A pocos meses de asumir la presidencia con promesas de salariazo y revolución productiva, Calos Menem sorprende con la designación de sucesivos ministros de economía relacionados con los principales grupos económicos del país: Miguel Ángel Roig, Néstor Mario Rappanelli, Erman González y Domingo Cavallo. La ley de convertibilidad 23.928 aprobada por el Congreso Nacional el 27 de marzo de 1991 -el tristemente recordado “1 a 1” que establecía la paridad del peso convertible con el dólar - marca muy tempranamente el comienzo del fin de la ilusión. Las consecuencias para la industria nacional y para la clase trabajadora resultan impactantes: cierre de fábricas, privatizaciones de las principales empresas del estado (de servicios y de industria pesada: siderúrgicas, astilleros), achiques y reestructuración del sector privado, quiebra de las Pymes. La desocupación que era del 6,3% en 1990, trepa al 14,7 al finalizar la década.
Y si los primeros años estuvieron caracterizados por las movilizaciones, tomas de los lugares de trabajo y pelea de los asalariados por la conservación del empleo, la segunda mitad de la década incorporará al paisaje urbano piquetes y cortes de ruta con el reclamo de quienes quedaron afuera del sistema productivo, los desocupados.
Los documentos fueron agrupados por ejes temáticos: Propulsora Siderúrgica. Contra el cierre de ramales del tren Movimientos de desocupados. Movimiento de desocupados Teresa Rodríguez

La vigilancia dispuesta por la DIPPBA sobre los trabajadores de la empresa Propulsora Siderúrgica se evidencia en las casi 800 fojas de documentación reunidas en diferentes legajos que permiten un recorrido histórico que va desde el año 1969 hasta 1994. Localizada en Ensenada, la empresa del grupo Techint fue, junto a SOMISA, una de las principales siderúrgicas dedicadas a la producción de acero plano. Llegó a emplear alrededor de 1500 trabajadores, la mayoría oriundos de la región.
En el marco de las políticas económicas implementadas por Carlos Menem, la empresa encaró un proceso de reestructuración productiva que buscó al mismo tiempo aumentar la productividad y disminuir los costos de producción, fundamentalmente a través de mecanismos de flexibilización laboral. Estas medias repercutieron negativamente sobre el salario y la estabilidad del empleo y por lo tanto fueron resistidas por los trabajadores, tal como se evidencia en la selección documental que presentamos.

De la mano de Roberto Dromi, Ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem, en 1990 se inició un acelerado y ambicioso proceso de privatización de empresas estatales.
La licitación de ENTEL en noviembre de 1990 inauguró un recorrido que siguieron otras: Aerolíneas, SEGBA, YPF y ferrocarriles son algunas de las empresas que por esos años pasaron del Estado a manos privadas.
En el caso puntual de la privatización de la red ferroviaria, el proceso se inició con la separación del trasporte de carga del de pasajeros. La red fue segmentada y ofrecida en concesiones a largo plazo. Los ramales que no resultaban rentables a los intereses de las empresas adjudicatarias fueron cerrados. Esto generó un amplio movimiento de resistencia por parte de los trabajadores y de la población en general, que veía cómo cientos de pueblos quedaban aislados ante la desaparición del tren.
La DIPPBA siguió de cerca estas manifestaciones.

En los últimos años de existencia de la DIPPBA (fue disuelta en 1998), se produjeron numerosos documentos que dan cuenta de la organización y movilización de agrupaciones de piqueteros y desocupados, que marcaron el ritmo de la protesta social a partir de la segunda mitad de la década.
El interés de los organismos de inteligencia por estas organizaciones sociales de fuerte anclaje territorial, reactivó los circuitos de comunicación entre aquellos del orden nacional y los provinciales, tal como se pone de manifiesto en el informe que compartimos.

El movimiento de trabajadores desocupados Teresa Rodríguez fue una de las primeras organizaciones que surgieron en la segunda mitad de la década del 90, y tuvieron actuación en todo el territorio nacional. Surgió a fines de abril de 1997. Un corte de ruta que realizaron en noviembre de ese mismo año fue minuciosamente fotografiado por la policía bonaerense. Las 37 fotografías están en un sobre con membrete de la Policía, y registra sólo la fecha: 24 de noviembre de 1997 y procedencia “La Matanza”.
Este material no forma parte de un legajo. Es probable que al tratarse de información producida en una fecha cercana a la disolución de la DIPPBA (1998), los documentos fotográficos estuvieran en proceso de análisis y por lo tanto no estaban integrados a la sección Documentación, Registro y Archivo. El sobre y las fotos en su interior no están acompañados de un documento escrito que explique el hecho registrado, pero sí da cuenta del seguimiento a las organizaciones de desocupados.
CPM -Fondo DIPPBA. Material sin mesa asignada, Asunto: Placas fotográficas MTD Teresa Rodríguez corte de ruta. Noviembre ppdo.

El 6 de septiembre de 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante 14 días visitó cuarteles y centros de detención, hizo entrevistas y recibió miles de denuncias que permitieron documentar la tortura y la desaparición forzada de personas. El informe final, que llegó al país en mayo de 1980, constató la ferocidad de la violencia del Estado y marcó el comienzo del fin de la última dictadura militar en nuestro país. Al cumplirse 40 años de la histórica visita, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó un informe especial que reúne documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), Prefectura Naval Zona Atlántico Norte y Unidades Penitenciarias que revelan el espionaje de los servicios de inteligencia sobre la visita internacional.

La escuela no escapó a la dinámica represiva que las Fuerzas Armadas instalaron en nuestro país entre 1976 y 1983. Por ser un espacio de producción de conocimientos y circulación de saberes, era considerada un ámbito de potencial amenaza y, al mismo tiempo, un dispositivo de disciplinamiento social que debía ser observado y vigilado. La colección reúne documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), sobre la persecución y espionaje a la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires durante el terrorismo de Estado.