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Juicio por la apropiación de Elena Gallinari Abinet, primera nieta nacida en cautiverio en 1976 y recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo. Los acusados fueron sus apropiadores: el ex subcomisario Domingo Madrid y su esposa María Mercedes Elichart, y la médica que firmó el acta de nacimiento Silvia Kirilovsky.
Las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata fueron de diez años de prisión al ex subcomisario y a su esposa, y cinco años y medio para la médica que firmó el certificado de nacimiento falso.

Juicio por apropiación del menor Sebastián José Casado Tasca, hijo del matrimonio de Adriana Leonor Tasca y Gaspar "Quinto" Casado, ambos desaparecidos, que fue inscripto como Sebastián Ricardo Capitolino en el año 1978. Nora Raquel Manacorda (médica policial) y Silvia Beatriz Molina (apropiadora) fueron acusadas por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años y falsificación de documento público. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata -formado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Jantus y Pablo David Vega- las condenaron a diez años de prisión y a cinco años y seis meses, respectivamente.

Los seis testimonios (Juan Carlos Romero, Ricardo Longhini, Felipe Noé, Adolfo Nigro, Diana Dowek y Ana Maldonado) recorren sus inicios y desarrollo en el arte, la vida política, la participación en grupos de artistas, el exilio, la militancia. Todos pertenecen al grupo de artistas plásticos solidarios que realizan intervenciones urbanas en movilizaciones.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de La Plata, juzgó por los cargos de privación ilegal de la libertad, homicidio agravado y otros delitos cometidos sobre María Nicasia Rodríguez y Arturo Alejandrino Jaimez, alias “Silver”, además de la privación ilegal de la libertad de una niña de 12 años y la retención y ocultamiento de otros dos niños, de 10 y 1 año y medio de edad, a cinco militares ex integrantes del Batallón de comunicaciones 601 de City Bell.
Los imputados eran Carlos Alberto Bazán, (ex segundo jefe del Batallón de City Bell) Francisco Ángel Fleba, (ex oficial de Inteligencia en la misma unidad) Eduardo Arturo Laciar, (ex oficial de Operaciones), Daniel Eduardo Lucero, (ex jefe de la Compañía B), y Eduardo Enrique Barreiro, (que estaba a cargo de la tercera sección de la misma compañía).
Los hechos juzgados: durante la mañana del 6 de septiembre de 1977 en el barrio Villa España de Berazategui, la Tercera Sección de la Compañía B del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell encabezó, junto a personal de otras fuerzas, un operativo casa por casa que fue resistido por los ocupantes de una finca y que derivó en una balacera. Según los testigos del operativo, la zona había sido patrullada por un helicóptero, lo que anunciaba la inminente acción militar.
Veredicto: condena a prisión perpetua para Carlos Alberto Bazán, Francisco Ángel Fleba, Eduardo Arturo Laciar, y Daniel Eduardo Lucero como coautores de los delitos de homicidio agravado por haber actuado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de María Nicasia Rodríguez y Arturo Alejadrino Jaimez, y privación de la libertad agravada por haber mediado violencia y amenazas y por su duración mayor a un mes e imposición de tormentos agravado por ser la víctima perseguida política en perjuicio de una niña de entonces doce años de edad, en concurso real. Absolvieron al ex subteniente de la Compañía B, Eduardo Enrique Barreiro. Todos los acusados fueron absueltos por el delito de sustracción, retención y ocultamiento de dos menores de edad, por el que el Ministerio Público Fiscal había requerido pena.

El juicio investigó los delitos de lesa humanidad acontecidos en el ámbito de la Brigada de Investigaciones de San Justo por 19 imputados sobre 84 víctimas. Ente los casos juzgados, se encontraban los secuestros de María Asunción Artigas, Mónica Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, quienes permanecieron detenidas embarazadas en la Brigada de San Justo y fueron trasladadas al Pozo de Banfield. Allí, María Asunción y Mónica dieron a luz a sus hijas, Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos, restituidas en 1988 y 1987, respectivamente. También se investigaron los hechos en torno al secuestro de María Lavalle, hija de Mónica María Lemos quien, después de ser secuestrada con sus padres, permaneció en la Brigada de San Justo hasta ser entregada días después a unos vecinos, y la permanencia en el lugar de su hermana recién nacida, María José Lavalle Lemos, quien fue entregada en aquella Brigada a quien la inscribió como hija propia, Teresa Isabel González.
Por estos hechos fueron imputados integrantes del Ejército, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros del gobierno civil a cargo de la provincia: Rodolfo Enrique Godoy, responsable del Area 114; Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Carlos María Romero Pavón, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 101; Miguel Osvaldo Etchecolatz, responsable de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Leopoldo Luis Baume y Roberto Armando Félix, a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Justo; Héctor Horacio Carrera, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, el médico Jorge Héctor Vidal y Ricardo Juan García, quienes se desempeñaron en el lugar y participaron directamente en secuestros y torturas. Finalmente, los abogados Jaime Lamont Smart y Juan María Torino facilitaron los recursos desde su desempeño en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó a 16 de los imputados, con penas de prisión perpetua a 10 de ellos penas de 25 años de prisión a seis, mientras que fue absuelto Roberto Armando Félix, quien se encontraba en prisión domiciliaria y se le dispuso la inmediata libertad.

El juicio “Brigadas” comenzó en 2020 y abarca los delitos de lesa humanidad cometidos contra 442 víctimas en “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield” y “El Infierno” (Avellaneda), tres centros clandestinos de detención que funcionaron en dependencias de las brigadas de investigaciones de la Policía Bonaerense. Tiene 18 imputados.
Lo tramite el Tribunal Oral Nº1 de La Plata y se convirtió en el primer juicios de la jurisdicción no presencial y aún no ha finalizado.